Ciudad de México, 30 de julio .- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respaldó la decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de cerrar todos los planteles educativos de carácter militar en el país, ya que, sostuvo, que la disciplina no puede utilizarse para justificar actos de violencia y abusos.
«Se está atendiendo y es muy buena decisión que toma la SEP porque con el pretexto de la disciplina, pues hay abusos y eso no puede permitirse. La educación, es cierto, es una parte de aprender límites, pero es sobre todo un espacio de libertad, de construcción de libertad. Entonces no debe permitirse ningún tipo de abuso contra niñas», expresó la mandataria federal en la conferencia matutina del 30 de julio.
La titular del Ejecutivo federal lamentó los hechos ocurridos por el caso Dafne y aseguró que las autoridades lo siguen atendiendo. Asimismo, solicitó a la dependencia educativa presentar un informe en el que se especifique cuántas escuelas con formación de carácter militar operan con reconocimiento oficial en territorio nacional.
«Fue una buena decisión que tomó la SEP y a ver si nos puede informar cuántas escuelas están reconocidas como tal», señaló Claudia Sheinbaum.
La SEP inició una revisión nacional
La postura de la presidenta se produce después de que la SEP anunciara un proceso para revisar los centros educativos que utilizan modelos de instrucción militarizada y verificar que cumplan con la legislación educativa y los protocolos de protección de menores.
El anuncio cobró relevancia tras las denuncias surgidas en Tamaulipas, donde presuntos actos de violencia dentro de un plantel generaron la intervención de las autoridades educativas y reavivaron el debate sobre este tipo de instituciones.
La revisión también busca determinar cuántos establecimientos operan bajo este esquema y si cuentan con los permisos y supervisión correspondientes, además de verificar que sus métodos de enseñanza respeten los derechos de los estudiantes.
El pronunciamiento de Sheinbaum coloca el foco en la obligación del Estado de garantizar que ningún modelo educativo, independientemente de su orientación disciplinaria, vulnere la integridad física o emocional de los menores de edad.