Ciudad Victoria, Tam.— La diputada Blanca Anzaldúa Nájera, secretaria de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado, hizo un llamado enérgico a docentes y autoridades educativas para evitar prácticas que generen deserción escolar, especialmente entre niñas, niños y adolescentes en condición de vulnerabilidad.
Durante una entrevista, la legisladora explicó que, pese a los avances en materia educativa y a la implementación de medidas para aumentar la permanencia escolar, aún persisten casos en los que menores no son aceptados en planteles por motivos económicos o por no cumplir con requisitos que no están establecidos en la ley.
Anzaldúa señaló que, en sus recorridos territoriales, ha encontrado a menores fuera de las aulas en horarios de clase, realizando actividades para trabajar. Al cuestionarlos, dijo, las respuestas suelen revelar barreras innecesarias.
“Me dicen: ‘no me aceptan porque no tengo tenis blancos’. ¿Cómo es posible? La ley establece que la educación es obligatoria; no habla del color de los tenis”, expresó.
La diputada pidió a maestros, directores y autoridades educativas ser sensibles ante las condiciones de las familias y evitar rechazar a estudiantes por no portar uniforme completo, calzado adecuado o artículos escolares específicos.
“Aceptemos a los niños con los tenis del color que traigan. A veces ni siquiera son de su talla, pero eso no puede ser una razón para negarles la educación”, insistió.
También reconoció que la carga para el magisterio ha aumentado considerablemente, pues además de cumplir con una malla curricular exigente, se les solicita detectar problemas socioemocionales, riesgos de adicciones y situaciones familiares complejas.
“Sí, se les está cargando mucho la mano a los maestros. Por eso siempre digo que la educación también es responsabilidad de los padres. La educación empieza en la familia”, señaló Anzaldúa.
Finalmente, reiteró que el reto de evitar la deserción escolar es compartido entre gobierno, maestros, padres de familia y sociedad en general, y llamó a sumar esfuerzos sin exponer a los menores a obstáculos que violen su derecho constitucional a la educación.