En Tampico, el conflicto por el intento de desalojo de la Preparatoria Francisco Medina Cedillo es mucho más que una disputa por un edificio: es el espejo de una profunda descoordinación institucional, una alarmante falta de sensibilidad política y una peligrosa ligereza para tratar un derecho fundamental: la educación.
Porque cuando un gobierno —cualquier gobierno— intenta desalojar una escuela sin un solo oficio, sin un dictamen, sin un documento firmado por autoridad municipal, estatal o federal, no estamos ante un simple trámite administrativo. Estamos frente a un acto que roza la arbitrariedad.
Según la directora Sonia Corona Martínez, la instrucción fue textual:
“La preparatoria debe desalojar para impulsar un nuevo Cebetis.”
Pero no hubo oficio.
No hubo plan académico.
No hubo garantía de continuidad.
Ni siquiera una ruta jurídica que explique qué autoridad ordena qué cosa.
En cambio, sí hubo algo:
Prisa. Secrecía. Y una preocupante improvisación.
Cuando la directora afirma que los alumnos podrían perder hasta un año y que jóvenes a punto de graduarse quedarían en el limbo, la discusión deja de ser logística: se vuelve ética. La educación, guste o no, es un asunto de Estado, no de ocurrencias.
La presidenta municipal, Mónica Villarreal, intenta matizar señalando voluntad de diálogo. Pero ese discurso se estrella con la percepción dominante:
su equipo no controla el conflicto y su área educativa opera sin rumbo ni coordinación.
La pregunta inevitable es:
¿cómo se llega a un desalojo verbal de una escuela pública, sin sustento legal, y sin que nadie levante la mano para detenerlo?
La Comisión de Educación del Cabildo, la Dirección de Educación y los asesores involucrados cargan con una responsabilidad que, en política, cuesta más que el error mismo: la evidencia de que nadie está leyendo las consecuencias sociales del propio acto de gobierno.
Quienes empujan el cierre del plantel argumentan que un nuevo CBTis es una oportunidad para modernizar. Pero olvidan un detalle que ni los presupuestos ni los planos arquitectónicos pueden reemplazar:
Una escuela no es un edificio. Es una comunidad.
La Preparatoria Francisco Medina Cedillo tiene 59 años formando generaciones. Su cierre no solo desplaza a alumnos; pulveriza tejido social y rompe un punto de referencia para miles de familias del sur de Tamaulipas.
Que el caso ya haya sido presentado ante la presidenta Claudia Sheinbaum, ante Derechos Humanos y ante el gobernador, eleva el conflicto a nivel político superior.
Y aquí entra la variable más crítica:
¿Cuál será el costo para el municipio si la Federación diagnostica violaciones al derecho educativo?
Tampico podría quedar exhibido como ejemplo de mala praxis institucional en plena transición federal, justo cuando la narrativa nacional exige atender primero a los estudiantes, no a los planos de obra pública.
La directora lo resume con claridad:
“Obedezcan el mandato de los padres de familia y de los alumnos.”
Ese mandato, en democracia, tiene peso político propio.
No es capricho: es legitimidad social.
Lo que está en juego no es un predio de 2 mil metros cuadrados.
Es la confianza ciudadana en que las autoridades saben lo que hacen cuando toman decisiones que afectan la vida de cientos de jóvenes.
Epílogo: desalojar escuelas siempre es mala política
Nadie gana deshabilitando instituciones educativas. Ningún gobierno queda bien desplazando estudiantes sin garantías. Y ninguna administración sale fortalecida intentando resolver desde el escritorio lo que solo se entiende desde el aula.
El conflicto de la Prepa Medina Cedillo deja claro algo que debería ser obvio:
la educación no se improvisa, no se ordena verbalmente y no se desaloja.
Porque cuando un gobierno comete ese error, lo que se vacía no es un edificio:
es la autoridad moral del propio poder público.