En Tamaulipas, la desaparición de una persona ya no provoca sobresalto institucional. Apenas se activa el protocolo, se emite un comunicado y se anuncia coordinación con las fuerzas de seguridad. Todo parece seguir un libreto predecible, como si cada caso fuera uno más en una larga estadística que duele y no conmueve.
El más reciente nombre en esa lista es el de Marco Antonio Mariño Leal, reportado como no localizado desde el 10 de octubre. La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada asegura haber iniciado investigaciones “desde el primer momento”, junto con la Guardia Nacional, la Guardia Estatal y la Comisión de Búsqueda. Sin embargo, la sociedad sigue sin conocer resultados ni una línea clara sobre su paradero.
Las familias no piden comunicados: piden presencia, verdad y resultados. La distancia entre la formalidad del discurso y la urgencia humana de una búsqueda efectiva se hace cada vez más grande.
La impunidad no solo se mide en casos sin resolver, sino en la falta de empatía con la que se gestionan. Mientras los comunicados se redactan en oficinas con aire acondicionado, las familias recorren caminos de tierra y zonas de riesgo en busca de una señal de vida.
Tamaulipas necesita que sus instituciones pasen del protocolo al compromiso, del comunicado a la acción. Porque cada desaparecido no es un expediente: es una vida suspendida, una herida abierta que el Estado tiene la obligación de cerrar.