Tres jóvenes que habían sido detenidos en un retén sobre la carretera a Reynosa por policías de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas denunciaron que, tras ser extorsionados por 100 mil pesos para su liberación, fueron entregados a un grupo delictivo, donde permanecieron varios días bajo tortura y amenazas.
Según relataron las víctimas, los hechos ocurrieron cuando regresaban de Reynosa tras recoger un camión de carga.
Fueron detenidos en el retén de la Vaquita, cerca de la aduana, bajo el argumento de “falta de documentos”.
Posteriormente, sus teléfonos y credenciales fueron confiscados, y los jóvenes fueron trasladados de manera encapuchada y amarrados a distintas camionetas hasta llegar a una casa donde permanecieron varios días.
Durante su cautiverio, los delincuentes intentaron comunicarse con sus familias para exigir más dinero. Solo después de que la alerta se hizo pública y la Comisión de Búsqueda de Tamaulipas inició acciones de localización, fueron liberados en General Bravo, descalzos, golpeados y sin camisa, caminando por brechas hasta ser auxiliados
“La Fiscalía de Reynosa es la que estaba involucrada, desde ahí empezó todo. Nos entregaron a un grupo delictivo”, denunciaron las víctimas.
Los familiares denunciaron además la falta de respuesta de la Fiscalía, que se negó a proporcionar información durante las primeras horas de la búsqueda, obligando a los afectados a recurrir directamente a instancias externas para localizar a los jóvenes.
El caso pone en evidencia fallas graves en el funcionamiento de la Fiscalía, donde la corporación encargada de proteger a la ciudadanía actúa de manera cómplice o negligente, exponiendo a los ciudadanos a redes de extorsión y violencia.
Las víctimas relataron que, pese a haber pagado 100 mil pesos a los agentes, la corrupción interna derivó en su entrega a la delincuencia organizada, un episodio que evidencia la descomposición institucional y la vulnerabilidad de los ciudadanos frente a quienes deberían garantizar la justicia y seguridad.
“Ahora tenemos que seguir trabajando, pero con todo el miedo; no sabemos si los buenos son los malos ni los malos los buenos”, señaló una de las víctimas.
El caso sigue bajo investigación, mientras organizaciones de derechos humanos advierten que la impunidad y la corrupción en cuerpos de seguridad estatales continúan siendo un riesgo grave para la población.
La madre de una de las víctimas, dijo que pondrán denuncia ante las instancias correspondientes.
La vocería de seguridad de Tamaulipas sobre el tema emito un comunicado: