Ciudad Victoria.— La diputada local Eva Reyes González presentó una iniciativa, misma, que tiene por objeto fortalecer el marco jurídico penal del Estado de Tamaulipas en materia de abandono de obligaciones alimenticias, incorporando herramientas claras de ejecución y cumplimiento posterior a la sentencia que permitan transformar la resolución judicial en un resultado tangible para las personas acreedoras alimentarias, especialmente mujeres, niñas, niños y adolescentes, garantizando que la reparación del daño no sea una declaración formal sino una obligación efectivamente exigible.
Sin correlativo. Artículo 299 Bis. Cuando se dicte sentencia condenatoria por el delito previsto en el artículo 296, el órgano jurisdiccional fijará, además de la reparación del daño, un plan de cumplimiento que precise monto, periodicidad, forma y lugar de pago, así como los medios idóneos para su verificación. El Juez de Ejecución, a petición de parte, podrá ajustar el plan mediante audiencia, atendiendo a la capacidad económica del sentenciado y a las necesidades de la persona acreedora, procurando la satisfacción efectiva del derecho de alimentos.
Enfatizó, que la propuesta legislativa consiste en adicionar disposiciones específicas al Código Penal del Estado, a través de los artículos 299 Bis, 299 Ter y 299 Quáter, para establecer que, una vez dictada sentencia por abandono de obligaciones alimenticias, órgano jurisdiccional, un cumplimiento verificable, y que, se fijen condiciones judiciales razonables —como informar cambios de empleo o domicilio, presentaciones periódicas y, en su caso, restricciones de movilidad debidamente justificadas— con el único propósito de asegurar el pago y evitar la evasión.
Reiteró que con esa iniciativa, se busca que Tamaulipas avance con determinación hacia un modelo de justicia que no se queda en el expediente, sino que se refleja en la vida cotidiana de las familias, demostrando que el Estado está del lado de quienes cumplen y protegen, y no de quienes eluden sus responsabilidades; en términos políticos y sociales, se trata de una reforma que envía un mensaje claro: en Tamaulipas la ley respalda a la niñez, a las madres, a los padres responsables y a las personas cuidadoras, y reafirma el compromiso institucional de que la justicia debe ser efectiva, humana y cercana a la realidad de la gente.
Afirmó que, resulta indispensable reconocer que el problema actual no radica en la tipificación del delito o en la existencia de sanciones, sino en la brecha que se genera entre la sentencia condenatoria y su cumplimiento real, pues con frecuencia el sentenciado evade, difiere o incumple sistemáticamente la obligación alimentaria, prolongando situaciones de vulnerabilidad y precariedad económica que impactan directamente en el desarrollo integral de quienes dependen de dicha prestación.
Indicó, que está realidad coloca al Estado frente a un deber reforzado de protección, ya que el derecho de alimentos se vincula con la tutela de derechos fundamentales como la vida digna, la salud, la educación, el desarrollo y la protección de la familia, principios reconocidos en los artículos 1 0 , 4 0 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , así como en instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño que obliga a las autoridades a adoptar medidas eficaces para asegurar condiciones adecuadas de subsistencia y desarrollo, conforme al interés superior de la niñez.
Afirmó; «La insuficiencia práctica del cumplimiento de obligaciones alimentarias compromete el acceso efectivo a la justicia, en contravención de los artículos 14, 16 y 17 constitucionales4 , que exigen legalidad, debido proceso y tutela judicial efectiva; en otras palabras, cuando una sentencia se dicta pero no se cumple, se erosiona la función del sistema de justicia y se deja a las personas acreedoras en un estado de indefensión material que agrava la desigualdad y la violencia económica intrafamiliar».
«Consecuentemente, los beneficios de esta reforma se traducirán en mayores condiciones de certeza y protección para la población tamaulipeca, pues al reforzar el cumplimiento de las sentencias se contribuirá a que los alimentos lleguen efectivamente a quienes más los requieren, disminuyendo la precariedad económica en hogares vulnerables, reduciendo riesgos de abandono escolar y fortaleciendo el entorno de cuidado y corresponsabilidad familiar, con especial impacto en la niñez y adolescencia, que son el núcleo prioritario de atención para toda autoridad pública».