Ciudad Victoria, Tam. – El presidente del Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, arremetió contra jueces, Fiscalía y Secretaría de Seguridad Pública tras la liberación de imputados por extorsión en Reynosa, advirtiendo que el Legislativo no será cómplice de omisiones ni negligencias que abran la puerta a la impunidad.
“Nos extrañó el actuar de los jueces, pero al final será la investigación la que marque la pauta de qué sigue. El oficio también se envió a la Fiscalía y a Seguridad Pública, y se les solicitó información. Aquí que salga lo que tenga que salir y si hubo algún proceso indebido, alguna omisión o negligencia, también vamos a levantar la voz desde este Poder Legislativo”, sentenció Prieto Herrera en la mañanera legislativa.
El diputado recordó que los imputados ya estaban bajo prisión preventiva cuando fueron liberados por decisión judicial, sustentada en un dictamen de la Subsecretaría de Reinserción Social sobre “baja peligrosidad”. Dicho documento, presentado por la defensa, no fue apelado por el Ministerio Público, lo que levantó sospechas sobre un posible arreglo o, en el mejor de los casos, un error imperdonable.
“Si la Fiscalía no hizo su trabajo, si Seguridad Pública entregó un dictamen a modo, o si los jueces actuaron fuera de la legalidad, todo eso se va a revisar. No vamos a permitir que en Tamaulipas se relaje el combate a la delincuencia por decisiones equivocadas o por negligencia institucional”, recalcó el presidente del Congreso.
Impunidad bajo la lupa
La liberación de presuntos extorsionadores revela una peligrosa cadena de irregularidades que van desde la debilidad de los ministerios públicos hasta resoluciones judiciales que parecen hechas a modo. El Congreso de Tamaulipas advirtió que no habrá contemplaciones y que el tema no se cerrará en lo oscuro.
El mensaje político es claro: si el Poder Judicial, la Fiscalía y la SSP no hacen su trabajo con rigor, el Legislativo exhibirá sus fallas. La sociedad tamaulipeca no puede seguir pagando el costo de la impunidad, menos aún en un estado que busca desterrar viejas complicidades entre justicia y delincuencia.