La presentación en Tamaulipas de la estrategia nacional contra la extorsión, impulsada por la presidenta de la República y expuesta ante la mesa estatal de seguridad por Alfredo Almora, director de atención a víctimas de secuestro y extorsión de la SSPC, llega en un momento en que el problema ha dejado de ser delito aislado para convertirse en una industria criminal que erosiona la vida cotidiana y la economía regional.
El plan, sustentado en cinco ejes —unidades antiextorsión locales, detenciones con base en inteligencia, capacitación en la línea 089, protocolos de atención a víctimas y campañas de prevención— apunta a reforzar la capacidad institucional. Sin embargo, el reto en Tamaulipas no está solo en el diseño, sino en la ejecución real de medidas que ataquen la complicidad, la impunidad y la normalización social de este delito.
La extorsión no distingue: va del comerciante que paga “cuota” para poder abrir su negocio, hasta el transportista, las empresas agrícolas o incluso las familias que reciben llamadas intimidatorias desde penales.
En muchos municipios, más que prevención, la demanda ciudadana es que se rompan los pactos de silencio que permiten que operadores criminales controlen territorios a la vista de todos.
El gobernador Américo Villarreal encabeza la coordinación de esta estrategia, pero la ciudadanía sigue preguntando: ¿cuánto tiempo pasará para que el anuncio de campañas y protocolos se traduzca en menos llamadas de extorsión y más denuncias atendidas? La experiencia en el estado muestra que sin resultados inmediatos, estas mesas de seguridad corren el riesgo de quedarse en actos protocolarios.
En la reunión, el mandatario estatal expresó todo su respaldo a la estrategia y exhortó a los integrantes de la mesa a reforzar las acciones encaminadas a la reducción de los delitos, en particular la extorsión, cuyo impacto lesiona la economía de los ciudadanos, así como a comercios y pequeñas empresas.
Más que programas, la exigencia en Tamaulipas es recuperar la confianza en las instituciones: que denunciar no implique ponerse en mayor riesgo, que la llamada al 089 no sea solo un registro estadístico, y que el comercio y la inversión puedan florecer sin la sombra de la extorsión.