La inasistencia reiterada de la exsecretaria de Bienestar Social, Yahleel Abdala Carmona, a comparecer ante un juez de control no es un simple trámite procesal incumplido: es una señal que pone a prueba la narrativa oficial del combate a la corrupción en Tamaulipas.
Luego de no atender tres citatorios previos y faltar a la audiencia inicial programada este domingo, el juez la declaró sustraída de la acción de la justicia, abriendo la puerta a que el Ministerio Público solicite una orden de aprehensión. El mensaje jurídico es claro: nadie puede colocarse por encima del proceso penal.
La causa, identificada como CP/0733/2025, forma parte de la judicialización de expedientes impulsados por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción contra exfuncionarios del sexenio anterior. En este caso, se le señala por presunto uso indebido de atribuciones y facultades, relacionado con la compra de despensas en 2021 y 2022 mediante adjudicación directa, cuando la ley exige licitación pública.
Más allá del tecnicismo administrativo, el fondo del asunto es político y financiero: el presunto quebranto asciende a 985.2 millones de pesos. Una cifra que, de confirmarse, no solo implicaría irregularidades en procesos de contratación, sino un posible daño patrimonial en una dependencia cuya función central es atender a población vulnerable.
El combate a la corrupción no se mide en discursos ni en conferencias de prensa, sino en la capacidad del Estado para llevar los expedientes hasta sus últimas consecuencias legales. Declarar a una exfuncionaria “sustraída de la justicia” es un paso relevante, pero no definitivo. El verdadero termómetro será si el proceso avanza con firmeza, sin dilaciones ni excepciones.
También hay una dimensión política inevitable: los casos contra exintegrantes del llamado “sexenio cabecista” forman parte del reacomodo institucional y del cierre de ciclo de una etapa de gobierno. La ciudadanía observa si estos procesos son justicia auténtica o selectiva, si responden a la ley o a la coyuntura.
Si la Fiscalía solicita y obtiene una orden de aprehensión, el mensaje será contundente: el nuevo esquema institucional no tolera evasiones. Si el caso se diluye, la narrativa anticorrupción perderá fuerza.
En este momento, el expediente no solo define la situación jurídica de Yahleel Abdala; también mide la credibilidad del sistema de justicia en Tamaulipas.