La detención y vinculación a proceso de Enrique Rivas Cuéllar, exalcalde de Nuevo Laredo, no es sólo un hecho jurídico: es un primer paso hacia la rendición de cuentas que el pueblo de Tamaulipas lleva años esperando.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ha confirmado que Enrique “N” fue vinculado a proceso por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público y uso indebido de atribuciones y facultades, relacionados con la compra irregular de un predio valuado en más de 66 millones de pesos, presuntamente destinado a la construcción de un Centro de Convenciones… que nunca se materializó.
Durante su gestión como presidente municipal, Rivas Cuéllar ejecutó esta operación sin cumplir los requisitos legales, causando un grave daño al patrimonio de la ciudad y burlando la confianza de sus representados. Lo hizo, además, bajo la protección del entonces gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de quien también existe una orden de aprehensión pendiente, promovida por el actual gobierno estatal encabezado por Américo Villarreal Anaya.
La audiencia inicial se llevó a cabo el 12 de julio.
Se impuso prisión preventiva justificada.
Se fijaron tres meses para el cierre de la investigación complementaria (vence el 13 de octubre de 2025).
Este caso forma parte de una red de corrupción que dejó un quebranto de más de mil millones de pesos al erario estatal, según datos oficiales ya denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Como sociedad, no podemos normalizar que quienes juraron servirnos hayan usado el poder para enriquecerse.
Exigimos que este proceso llegue hasta las últimas consecuencias.
Y que ningún otro implicado —sin importar su nombre o cargo— quede sin rendir cuentas.
Tamaulipas exige justicia. Nuevo Laredo no olvida.