El recién nombrado fiscal anticorrupción de Tamaulipas, Andrés Norberto García Repper, afirmó que su primera tarea será diagnosticar el estado real de la Fiscalía, tanto en sus condiciones materiales como jurídicas, antes de definir prioridades y líneas de investigación, en un contexto marcado por rezagos, expectativas políticas y exigencias de resultados.
García Repper señaló que existen múltiples expedientes acumulados que deberán ser revisados, depurados y clasificados conforme al tipo de delito denunciado, con el objetivo de establecer prioridades claras. Aseguró que el trabajo de la Fiscalía será transparente y sujeto al escrutinio público, aunque advirtió que el sigilo procesal limitará la difusión de ciertos detalles.
Al ser cuestionado sobre si la Fiscalía Anticorrupción será utilizada para perseguir a exfuncionarios de administraciones pasadas —incluida la del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca—, el fiscal fue enfático en marcar distancia de una lógica de persecución política. Subrayó que la institución no será un instrumento de “cacerías de brujas” ni de justicia con fines mediáticos, sino un órgano técnico que actuará únicamente a partir de denuncias y conforme a derecho.
“No se trata de descarrilar carreras políticas ni de buscar impactos mediáticos. Si hay denuncias y elementos, se investiga; si no, no”, sostuvo, aunque reconoció que existen expedientes con alta visibilidad pública que inevitablemente generan presión política.
García Repper aseguró que no habrá distinciones partidistas en la investigación de presuntos actos de corrupción, incluso si involucran a actores vinculados a la izquierda o a Morena. En ese sentido, afirmó que la Fiscalía actuará bajo el principio de que “la corrupción se persigue parejo”, aunque dejó claro que cualquier sanción dependerá finalmente de la valoración judicial.
En cuanto a la posibilidad de realizar operativos de gran escala similares a una “operación enjambre”, consideró que sería un logro relevante, pero advirtió que no se pueden emprender acciones de ese tipo sin una investigación sólida y metodología jurídica rigurosa. Explicó que el combate a la corrupción requiere perfiles técnicos especializados, como auditores, contadores, expertos en lavado de dinero y litigantes con experiencia, así como una coordinación estrecha con la Contraloría y la Auditoría Superior del Estado.
El fiscal reconoció que existe la percepción de falta de personal, particularmente de ministerios públicos, pero evitó adelantar decisiones hasta conocer a fondo la estructura y desempeño del personal actual, el cual será evaluado con criterios cualitativos y cuantitativos. Aseguró que dicha evaluación se hará con respeto al personal, pero con objetivos claros de eficiencia y resultados.
García Repper admitió que su llegada implica prácticamente “empezar a revisar desde cero” el estado de la Fiscalía, en el marco de una reconfiguración institucional más amplia que incluye la consolidación de una Fiscalía y un Poder Judicial autónomos. No obstante, evitó fijar plazos para presentar un diagnóstico o resultados concretos, limitándose a señalar que convocará a los medios cuando exista un informe general.
Finalmente, confirmó que fue electo para un periodo de ocho años, tiempo en el que, dijo, buscará demostrar que la Fiscalía Anticorrupción puede operar con independencia real, en un entorno donde la línea entre justicia y política seguirá siendo puesta a prueba.