El exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca vuelve a estar bajo la lupa. Esta vez no por sus aspiraciones políticas ni por sus discursos de persecución, sino por lo que más lastima a Tamaulipas: el manejo opaco y presuntamente irregular de los recursos públicos.
La diputada Magaly Deandar Robinson, presidenta de la Comisión Anticorrupción, ha solicitado a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reabrir las cuentas públicas del sexenio cabecista, correspondientes a los ejercicios fiscales de 2017 a 2022. Y no se trata de un mero trámite: hay indicios de inconsistencias graves en el uso de recursos federales, particularmente en sectores sensibles como Salud, además de pagos a despachos privados que se encargaron de defender jurídicamente al exmandatario.
El respaldo del presidente de la Diputación Permanente, Adrián Cruz Martínez, confirma que la actual legislatura está dispuesta a presionar para que la ASF actúe. Ya el Congreso local había detectado anomalías en el gasto estatal, violaciones a la Ley de Disciplina Financiera y manejos discrecionales que dejaron huella en las arcas públicas.
Cabeza de Vaca quiso construir su narrativa en torno a la “persecución política”. Pero lo cierto es que las observaciones y expedientes abiertos —tanto por la Auditoría Superior del Estado como por la ASF— apuntan a un patrón sistemático de irregularidades. No hablamos solo de malos manejos contables, sino de un modelo de gobierno que se sirvió de los recursos federales y estatales para fines que hoy parecen más ligados a la defensa personal y a intereses de grupo que al bienestar de la sociedad tamaulipeca.
En el fondo, este no es un tema administrativo: es una prueba de fuego para las instituciones fiscalizadoras. Si la ASF reabre las cuentas y se confirma lo que muchos en Tamaulipas ya saben, quedará claro que el cabecismo dejó un legado de deuda, desvío y opacidad. Si no lo hace, la impunidad volverá a imponerse como moneda de cambio en la política local.
El exgobernador podrá seguir intentando limpiar su imagen desde el discurso, pero las cifras, los contratos y las auditorías tienen otra historia que contar. Y esa historia —la de un sexenio que prometió orden pero heredó corrupción— sigue esperando justicia.