Algunas de las 70 denuncias presentadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), por presuntos actos de corrupción en cuentas públicas de distintos municipios, podrían prescribir debido a que se refieren a hechos ocurridos desde 2015 o incluso antes.
Así lo reconoció el fiscal Anticorrupción, Eduardo Govea Orozco, quien explicó que las denuncias presentadas en los últimos años corresponden en varios casos a auditorías practicadas con un considerable desfase de tiempo, lo que compromete su viabilidad jurídica.
“Estamos hablando de asuntos que datan de 2015, 2016 hasta 2021. De hecho, hay municipios como Jiménez, Güémez, San Carlos, Casas, Río Bravo y Matamoros entre los señalados”, detalló.
El fiscal precisó que, de las 67 denuncias anunciadas por la ASE, más de 40 fueron interpuestas apenas en 2024, a pesar de que los hechos señalados ocurrieron varios años atrás. Esta demora puede dificultar su judicialización, especialmente si el delito ya prescribió.
“Cuando una denuncia se presenta demasiado tarde, aunque el hecho sea grave, como el peculado, el Ministerio Público no puede ejercer acción penal si el delito ya prescribió”, explicó.
Govea Orozco indicó que el plazo de prescripción depende del tipo de delito y de su penalidad; en el caso del peculado, puede extenderse hasta por 10 años. Sin embargo, ya se han identificado casos en los que ese periodo se agotó.
A pesar de ello, aseguró que cada una de las denuncias permanece bajo revisión, y la Fiscalía buscará agotar todas las posibilidades legales en los casos donde aún sea posible proceder.