La Comisión Especial del Congreso de Tamaulipas, encargada de dar seguimiento a las denuncias por corrupción en la Secretaría de Salud, determinó ordenar a la Auditoría Superior del Estado (ASE) la reapertura de las cuentas públicas 2017 y 2018 del gobierno estatal, tras confirmarse que en los informes originales no aparecen observaciones sobre los millonarios pagos irregulares a empresas ligadas a los hermanos Carmona Angulo, señalados en múltiples querellas.
Durante la sesión, los diputados analizaron la respuesta del titular de la ASE, Francisco Antonio Noriega Orozco, quien reconoció que el órgano fiscalizador tuvo conocimiento apenas de 8 de las 14 denuncias penales interpuestas, pero concluyó que los hechos denunciados “no tienen vínculo directo” con las observaciones realizadas en su momento.
El legislador Víctor Manuel García Fuentes cuestionó la superficialidad con la que se auditaron las cuentas del Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud de Tamaulipas en aquel periodo, atribuyendo la omisión a la falta de independencia del entonces Auditor Superior, cercano al gobernador en turno.
En consecuencia, la Comisión aprobó impulsar una revisión extraordinaria de las cuentas 2017–2018, con base en la Constitución local y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, a fin de: Subsanar las deficiencias de las auditorías previas.; Detectar irregularidades que fueron ignoradas e Integrar nuevos expedientes que fortalezcan las denuncias penales ya en curso.
La decisión busca enviar un mensaje político claro: el Congreso no permitirá que los casos de corrupción en salud queden enterrados en archivos oficiales. La reapertura de cuentas públicas se convierte en una prueba de fuego para la ASE y para el compromiso real con la rendición de cuentas en Tamaulipas.