En el discurso oficial, el derecho a la salud de las y los trabajadores del Estado está plenamente reconocido. En la práctica, sin embargo, ese derecho sigue dependiendo del código postal, del presupuesto disponible y, muchas veces, de la presión sindical para ser atendido. El reciente encuentro entre la Sección 30 del SNTE y la representación del ISSSTE en Tamaulipas vuelve a exhibir esa brecha estructural.
La falta de un quirófano funcional y de una guardería del ISSSTE en Matamoros no es un problema administrativo menor; es una omisión que impacta directamente en derechos laborales básicos. Obligar a los derechohabientes a trasladarse a otras ciudades para acceder a una cirugía o negar servicios de cuidado infantil a madres y padres trabajadores implica trasladar al individuo los costos de un sistema que no está cumpliendo su función.
Desde una perspectiva de derechos humanos, la salud no se agota en la atención médica eventual. Incluye infraestructura suficiente, servicios oportunos y condiciones que permitan conciliar la vida laboral y familiar. En ese sentido, la ausencia de guarderías del ISSSTE no solo afecta a la infancia, sino que profundiza desigualdades laborales, especialmente para las mujeres trabajadoras del sector educativo.
La reunión encabezada por Arnulfo Rodríguez Treviño y funcionarios del ISSSTE refleja una verdad incómoda: en muchos casos, los derechos se ejercen solo cuando se reclaman. El reconocimiento por parte de la autoridad de “retos importantes” en infraestructura hospitalaria confirma que no se trata de fallas aisladas, sino de rezagos acumulados por años de subinversión y decisiones postergadas.
El diálogo institucional es necesario, pero insuficiente si no se traduce en resultados medibles. La salud laboral no puede depender de voluntades políticas temporales ni de gestiones reactivas. Es una obligación del Estado garantizar condiciones dignas y equitativas para quienes sostienen el sistema educativo y el servicio público.
El seguimiento que anuncia el SNTE no es solo una estrategia sindical: es un recordatorio de que los derechos no prescriben ni se negocian. Se cumplen. Y cuando no se cumplen, el problema deja de ser técnico para convertirse en político y ético.
Porque un Estado que no puede garantizar salud y servicios básicos a sus propios trabajadores envía un mensaje claro: el derecho existe en la ley, pero no siempre en la realidad.
Cuando la incapacidad es un favor y no un derecho
La denuncia de una maestra contra el subdirector de la Clínica Hospital del ISSSTE en Ciudad Victoria, Daniel Peña, por presunto maltrato al solicitar una incapacidad tras un accidente laboral, no puede leerse como un hecho aislado. Es, más bien, otro síntoma de una patología institucional que el ISSSTE en Tamaulipas arrastra desde hace años: la normalización del maltrato, la burocratización de la atención médica y la conversión de los derechos laborales en concesiones discrecionales.
Que la incapacidad finalmente haya sido otorgada no cancela el fondo del problema. Al contrario: confirma una práctica recurrente denunciada por trabajadores de la educación y otros derechohabientes, quienes enfrentan confrontaciones, retrasos y trato indigno cada vez que acuden a solicitar un derecho que la ley ya les reconoce. El artículo 487 de la Ley Federal del Trabajo es claro: ante un riesgo de trabajo, el trabajador tiene derecho a atención médica, rehabilitación e incapacidad con goce del 100% de su salario. No es una gracia del funcionario en turno, es una obligación del Estado.
La acumulación de quejas contra la subdirección médica revela una falla de supervisión más profunda. Cuando las denuncias se repiten y no hay correctivos visibles, la responsabilidad deja de ser individual y se vuelve estructural. Aquí es donde el silencio o la inacción de la subdelegación médica del ISSSTE en Tamaulipas se vuelve parte del problema. Tolerar el maltrato es institucionalizarlo.
En un sistema de salud pública ya presionado por carencias de insumos, personal y equipamiento, el trato digno debería ser el mínimo garantizado. Sin embargo, en clínicas como la de Ciudad Victoria, el conflicto interno, la soberbia administrativa y la falta de sensibilidad hacia los trabajadores terminan erosionando la confianza en la institución. La consecuencia no es menor: derechohabientes que retrasan su atención, que evitan denunciar accidentes laborales o que asumen como normal el ser humillados para acceder a servicios médicos.
El ISSSTE fue creado para proteger a los trabajadores del Estado, no para enfrentarlos a ventanillas hostiles ni a funcionarios que actúan como jueces de la salud ajena. Cada incapacidad negada, cuestionada o retrasada sin sustento médico es una forma de violencia institucional que impacta directamente en la salud, el ingreso y la dignidad del trabajador.
Si el instituto pretende recuperar credibilidad, debe comenzar por lo elemental: investigar las quejas, sancionar conductas indebidas y recordar a sus propios directivos que administrar un hospital no es ejercer poder, sino garantizar derechos. Todo lo demás es simulación.
En temas universitarios la Asamblea Universitaria aprobó el presupuesto para el ejercicio 2026, presentado por el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, ante este máximo órgano de gobierno de la casa de estudios.
Con fundamento en el artículo 30, fracción VIII del Estatuto Orgánico de la UAT, el rector expuso ante el pleno el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del presente año, subrayando que dicho instrumento fue previamente analizado, revisado y avalado por el Honorable Patronato Universitario, conforme a los procesos de control y supervisión financiera establecidos.
Explicó que este instrumento constituye una herramienta central para la conducción ordenada de la vida institucional, al establecer las bases para una adecuada administración de los recursos, bajo los criterios de transparencia y rendición de cuentas, el manejo responsable de las finanzas, el equilibrio presupuestal y apego a la normatividad, garantizando la operación sustantiva de la Universidad.
Tras el análisis y deliberación correspondientes, la Asamblea Universitaria autorizó el proyecto presentado, refrendando su respaldo a la planeación financiera y a las decisiones orientadas al desarrollo institucional de la UAT.
En Laredo Texas y en el informe del mayor Víctor Treviño, la alcaldesa de Nuevo Laredo Carmen Lilia Canturosas Villarreal destacó que ambos gobiernos mantienen una estrecha colaboración en el impulso al desarrollo económico regional, la promoción del intercambio cultural y educativo, y la planeación de proyectos de infraestructura estratégica, que consolidan a los Dos Laredos como un corredor logístico y comercial clave para América del Norte.
La presencia de la presidenta municipal en este informe de gobierno es una muestra del compromiso de Nuevo Laredo de continuar impulsando una agenda binacional sólida, con liderazgo, responsabilidad y visión de futuro, que fortalezca la cooperación internacional y consolide a esta frontera como un referente de unidad y desarrollo compartido.