Hay casos que trascienden los expedientes judiciales y terminan convirtiéndose en una prueba para las instituciones. El caso de las gimnastas de Ciudad Victoria es uno de ellos.

La reciente sentencia de 24 años de prisión dictada contra un ex entrenador acusado de abuso sexual representa, sin duda, un avance importante. Para las familias de las víctimas, después de años de denuncias, incertidumbre y desgaste emocional, la resolución judicial constituye una señal de que la verdad puede abrirse paso incluso en los asuntos más complejos.

Sin embargo, sería un error presentar el caso como concluido.

Las propias madres han recordado que aún permanecen abiertas once carpetas de investigación relacionadas con presuntas víctimas adicionales. Es decir, la sentencia obtenida no representa el final del proceso, sino apenas una etapa dentro de una lucha mucho más amplia.

El verdadero fondo del asunto va más allá de una persona condenada.

La pregunta que surge es cómo fue posible que durante tanto tiempo se generarán condiciones para que presuntos abusos ocurrieran en un espacio destinado a la formación deportiva de niñas y adolescentes.

Toda sociedad tiene la obligación de revisar no sólo quién cometió un delito, sino también qué mecanismos fallaron para evitarlo.

Las instituciones deportivas, educativas y gubernamentales enfrentan hoy un desafío que no puede limitarse a reaccionar cuando estalla un escándalo. La prevención debe convertirse en una política permanente y no en una respuesta de emergencia.

El caso también deja una enseñanza política relevante.

Durante muchos años, las víctimas de violencia sexual enfrentaron barreras institucionales, incredulidad social y procesos que terminaban revictimizándolas. Hoy, el hecho de que un grupo de madres continúe exigiendo justicia y encuentre acompañamiento institucional refleja un cambio que, aunque insuficiente, comienza a consolidarse.

La intervención de organismos públicos, el acompañamiento psicológico y jurídico, así como la atención a las familias, muestran una visión más integral de la protección de la niñez. No obstante, el verdadero examen para las autoridades no es acompañar un caso mediático, sino garantizar que todos los expedientes pendientes avancen con la misma determinación.

Porque la confianza pública no se construye con discursos.

Se construye cuando las víctimas observan que las instituciones responden, investigan y sancionan.

También existe una dimensión social que merece atención.

Las agresiones sexuales contra menores suelen ocurrir en entornos donde existe una relación de confianza, autoridad o admiración. Entrenadores, maestros, líderes religiosos, familiares o figuras de referencia ocupan posiciones que pueden ser utilizadas de manera indebida cuando no existen controles adecuados.

Por ello, la discusión no debe agotarse en el ámbito judicial.

Debe extenderse a la supervisión de espacios deportivos, a los protocolos de protección infantil, a los mecanismos de denuncia y a la capacitación permanente de quienes trabajan con niñas, niños y adolescentes.

Las madres de las gimnastas han dejado claro que no buscan venganza.

Buscan justicia.

Y esa diferencia es fundamental.

La venganza termina con una sentencia.

La justicia, en cambio, exige verdad, reparación, garantías de no repetición y la certeza de que ninguna otra menor tendrá que atravesar una experiencia similar.

Tamaulipas tiene hoy la oportunidad de convertir un caso doloroso en un precedente institucional.

Pero para lograrlo deberá demostrar que las once carpetas pendientes recibirán la misma atención que la primera sentencia.

Porque mientras exista una víctima esperando respuesta, la justicia seguirá siendo una tarea inconclusa.

El filtro que no veta

Por años, los partidos políticos en México han enfrentado el mismo reclamo ciudadano: ¿por qué terminan postulando candidatos cuestionados, investigados o con antecedentes que generan dudas sobre su integridad?

Resulta interesante la explicación que dio el diputado federal Carlos Canturosas Villarreal sobre la nueva Comisión de Verificación e Integridad de Candidaturas. Lo que muchos imaginaban como una especie de «aduana moral» capaz de bloquear aspiraciones políticas, en realidad será un órgano de carácter consultivo. Es decir, podrá revisar, investigar, emitir opiniones y advertir riesgos, pero no tendrá facultades para impedir una candidatura.

La decisión final seguirá estando donde siempre ha estado: en los partidos políticos.

En temas universitarios el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, informó que desde la semana pasada utilizan drones para aplicar y evaluar un producto químico en las zonas del estado afectadas por la plaga, implementando a la par trampas de supresión para reducir su población.

“Salimos con un dron a tratar de inhibir el paso de la mosca del gusano barrenador. Nadie lo está haciendo a nivel nacional. Sobre esto, ya le informé al gobernador, vamos a poner una barrera para que la mosca no pueda avanzar”, indicó.

EL DISTRITO 025 SE QUEDÓ SIN AGUA PARA RIEGO.

El secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social de Tamaulipas, Raúl Quiroga Álvarez, informó que el estado mantiene importantes inversiones en los distritos de riego 025 y 026 con el objetivo de hacer un uso más eficiente del agua, en medio de una de las etapas más críticas de almacenamiento en las presas internacionales.

El funcionario explicó que actualmente se ejecutan obras de modernización y tecnificación del riego en las principales zonas agrícolas de la entidad, buscando reducir las pérdidas de agua que históricamente se registran en el sector agropecuario.

“Los distritos y unidades de riego son donde más agua se desperdicia. Seguimos utilizando métodos tradicionales y lo que buscamos es suministrar a los cultivos únicamente el volumen que requieren para su desarrollo, evitando pérdidas por escurrimientos o encharcamientos”, señaló.

Comentarios:

vizcarra.eduardo@gmail.com

notivizatam@gmail.com