Cada vez que en Estados Unidos se agita el fantasma de una “intervención” en México, el debate público se sacude entre el alarmismo y la indignación. Sin embargo, más allá de los discursos estridentes —como los recientes de Donald Trump—, la realidad es menos espectacular y mucho más incómoda: agencias estadounidenses como la DEA y el FBI han operado en territorio mexicano desde hace décadas.
La afirmación de la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente no revela una novedad, sino una verdad incómoda que rara vez se coloca en el centro de la discusión: la cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos no solo es histórica, sino estructural. Ha persistido con gobiernos de distinto signo político y se ha mantenido incluso en momentos de tensión diplomática.
En ese contexto, la narrativa de una posible “invasión” funciona más como recurso electoral que como amenaza real. Trump, como otros líderes antes que él, explota el tema de la inseguridad y el narcotráfico para reforzar su discurso de fuerza ante su electorado, aun cuando en los hechos la colaboración binacional nunca se ha detenido del todo.
El problema no está en reconocer la cooperación, sino en normalizarla sin una discusión pública clara sobre sus límites. La presencia de agencias extranjeras en suelo nacional plantea preguntas legítimas sobre soberanía, transparencia y rendición de cuentas, que suelen quedar eclipsadas por la urgencia del combate al crimen organizado.
México y Estados Unidos no son aliados por afinidad, sino por necesidad. La vecindad geográfica impone una relación de interdependencia en la que ninguno puede “desentenderse” del otro. Pero esa cercanía no debería traducirse en una relación desigual, donde una agenda se impone y la otra reacciona.
El verdadero riesgo, entonces, no es una intervención militar abierta, sino una cooperación asimétrica y silenciosa, en la que México acepta condiciones sin fortalecer su propia capacidad institucional. Mientras el discurso político se polariza, la operación cotidiana continúa, casi invisible, sin un debate serio sobre qué se permite, bajo qué reglas y con qué controles.
Al final, el reto para el Estado mexicano no está en responder a las provocaciones retóricas de Washington, sino en resolver las causas internas que abren la puerta a esa presión externa: la impunidad, la corrupción y la persistente sensación de inseguridad. Porque mientras esas grietas sigan abiertas, la agenda no la marcará México, sino su vecino del norte.
Agua, campo y derechos económicos: una deuda estructural del Estado
La confirmación de que el Distrito de Riego 025 no contará con agua para el ciclo agrícola otoño–invierno pone sobre la mesa una problemática que trasciende lo técnico y se inscribe de lleno en el ámbito de los derechos económicos y sociales. No se trata únicamente de una sequía o de bajos niveles en las presas internacionales; se trata de una falla estructural en la política hídrica del Estado mexicano.
El acceso al agua para la producción agrícola es un componente esencial del derecho al trabajo, a la alimentación y al desarrollo regional. Cuando más de 243 mil hectáreas del Bajo Río Bravo quedan sin posibilidad de riego, el impacto no solo es productivo: se comprometen ingresos, empleos, cadenas de abasto y la viabilidad económica de miles de familias rurales. Garantizar el consumo urbano es indispensable, pero hacerlo a costa de la cancelación total de la actividad agrícola revela una política pública desequilibrada.
La situación de las presas internacionales, particularmente la Falcón, evidencia la ausencia de una estrategia preventiva y de largo plazo. El Estado ha privilegiado la administración de la emergencia sobre la planeación hídrica integral, relegando la inversión en tecnificación del riego, mantenimiento de infraestructura y mecanismos de uso eficiente del recurso. El resultado es una vulnerabilidad permanente del sector agrícola ante cada ciclo seco.
A ello se suma un problema igualmente estructural: la salinización de los suelos en distritos como el 086, en Abasolo. La falta de redes de drenaje funcionales y el uso histórico de láminas de riego excesivas han generado condiciones que reducen la productividad hasta volverla económicamente inviable. Esta omisión técnica tiene consecuencias directas sobre el derecho de los productores a condiciones dignas y sostenibles de trabajo.
Desde una perspectiva institucional, la crisis hídrica en Tamaulipas obliga a replantear el enfoque de la política pública. El derecho humano al agua no puede limitarse al consumo doméstico; debe comprender también su dimensión productiva, especialmente en regiones donde la agricultura es un pilar económico. Ignorar esta realidad es perpetuar la desigualdad territorial y profundizar la fragilidad del desarrollo rural.
La sostenibilidad hídrica no es solo una meta ambiental, sino una obligación del Estado frente a los derechos económicos de la población. Sin una política hídrica integral, con inversión, planeación y corresponsabilidad intergubernamental, el campo seguirá siendo el eslabón más débil de un modelo que posterga soluciones y normaliza la exclusión productiva.