La muerte de un adulto mayor en situación de calle durante el reciente episodio de bajas temperaturas en Tampico no es un hecho aislado ni fortuito. Es, ante todo, un recordatorio incómodo de las limitaciones estructurales del Estado para garantizar derechos básicos a quienes viven en condiciones de exclusión extrema.
El frente frío número 30 y la onda gélida que afectaron a Tamaulipas fueron fenómenos previstos con días de anticipación. Las alertas meteorológicas, los comunicados oficiales y la habilitación de refugios temporales forman parte de un protocolo conocido. Sin embargo, la previsibilidad del clima contrasta con la invisibilidad social de quienes habitan el espacio público como única forma de supervivencia.
De acuerdo con información de Protección Civil estatal, el adulto mayor fue localizado sin vida en la colonia Tancol, debajo de unas gradas y entre acumulación de basura, un dato que por sí mismo revela el grado de marginación en el que transcurrían sus días. La autoridad reconoció que la persona no fue detectada durante los recorridos preventivos, pese a que se desplegaron operativos ante las bajas temperaturas.
Desde una perspectiva de derechos humanos, este hecho obliga a ir más allá de la estadística. El derecho a la vida, a la salud y a una vivienda digna —reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales suscritos por México— no se suspenden durante emergencias climáticas; por el contrario, imponen al Estado una obligación reforzada de protección, especialmente hacia los grupos en mayor vulnerabilidad.
La existencia de refugios temporales y la atención brindada a decenas de personas en distintos municipios no neutraliza la gravedad de una muerte ocurrida en condiciones evitables. La pregunta de fondo no es cuántas personas fueron resguardadas, sino cuántas quedaron fuera del alcance institucional y por qué.
Las personas en situación de calle enfrentan barreras específicas: desconfianza hacia la autoridad, problemas de salud mental, adicciones, movilidad constante y ausencia de redes familiares. Atenderlas requiere algo más que operativos coyunturales; exige políticas públicas permanentes, interinstitucionales y con enfoque humanitario, que no dependan exclusivamente de la voluntad de acudir a un refugio.
Que hoy se investigue si la causa del fallecimiento fue directamente el frío o un padecimiento previo no debe desviar el centro del debate. Vivir a la intemperie, sin protección, sin atención médica y sin acceso a servicios básicos es en sí mismo una violación continuada de derechos.
Cada temporada invernal vuelve a colocar a las instituciones frente a la misma prueba: la capacidad real del Estado para llegar a quienes no tienen voz, domicilio ni visibilidad. Mientras una sola persona muera por frío en las calles, la política de atención a la pobreza extrema seguirá siendo una tarea inconclusa.
Porque el frío no discrimina, pero la ausencia de políticas públicas sí.
Cuando la coalición se gana en las urnas , pero se pierde en el gobierno.
El Partido del Trabajo volvió a decir en voz alta lo que desde hace tiempo se comenta en voz baja dentro de la llamada “Cuarta Transformación”: Morena gobierna solo, aun cuando gana en coalición.
Las declaraciones de Cendy Robles Méndez, comisionada política nacional electoral del PT en Tamaulipas, no son un exabrupto ni una queja aislada. Son el síntoma de un desgaste político que comienza a pasar factura a la narrativa de unidad que Morena intenta sostener rumbo a los procesos electorales de 2027.
El reclamo es claro y difícil de desmentir: el PT no tiene hoy ni una sola posición relevante dentro del gobierno estatal, pese a haber competido en alianza y haber aportado estructura, votos y legitimidad electoral. No hay secretarías, ni subsecretarías, ni direcciones. El mensaje implícito es contundente: en el ejercicio del poder, la coalición se diluye.
Morena ha convertido las alianzas en una herramienta estrictamente electoral, no de gobierno. Se suman fuerzas para ganar, pero una vez asegurado el triunfo, la toma de decisiones y la distribución del poder se concentran en un solo partido. Esta práctica no sólo tensiona la relación con sus aliados, sino que erosiona la credibilidad de los acuerdos políticos firmados antes de la elección.
El PT, a diferencia del Verde, ha optado por verbalizar su inconformidad. No habla de ruptura —todavía—, pero sí coloca una advertencia estratégica: las coaliciones futuras deberán garantizar espacios reales de gobierno, no sólo candidaturas compartidas. De lo contrario, la alianza pierde sentido político y se reduce a una relación asimétrica.
El momento no es menor. Mientras Morena gobierna con holgura en varios estados, el PT discute internamente si seguir apostando por coaliciones donde su peso electoral no se traduce en poder institucional. Y el calendario es implacable: 2027 traerá gubernaturas, congresos locales y una reconfiguración territorial clave.
Hay también una lectura más profunda. El reclamo del PT no sólo habla de cargos, sino de incumplimiento de acuerdos políticos y de una forma de gobernar que reproduce viejas prácticas de hegemonía, ahora bajo un nuevo discurso. El partido que prometió acabar con el “reparto cupular” parece haber perfeccionado una versión propia, excluyente y centralizada.
Morena haría mal en minimizar esta inconformidad. La historia política mexicana está llena de alianzas que se rompieron no en campaña, sino en el ejercicio del poder. Cuando los aliados dejan de sentirse parte del proyecto, la unidad se vuelve frágil y la lealtad, negociable.
Por ahora, el PT no se va. Pero tampoco guarda silencio. Y en política, cuando un aliado empieza a marcar distancia, es porque ya está calculando escenarios donde caminar solo deja de ser una amenaza y empieza a ser una opción.
Segunda línea del Acueducto de Victoria estará lista en 2027
La segunda línea del Acueducto de Ciudad Victoria estará concluida en el primer trimestre de 2027, de acuerdo con las proyecciones de la obra, informó Raúl Quiroga Álvarez, secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social de Tamaulipas.
El funcionario señaló que se prevé que sea en ese periodo cuando la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inaugure esta infraestructura hidráulica que por años permaneció como una promesa sin concretarse y que comenzó a ejecutarse a partir del año pasado.
Detalló que la obra, que conecta la presa Vicente Guerrero con la capital del estado, contempla una inversión total de mil 600 millones de pesos, de los cuales 600 millones corresponden al Gobierno de Tamaulipas.
Quiroga Álvarez destacó que la segunda línea del acueducto permitirá garantizar el abasto de agua potable en Ciudad Victoria las 24 horas del día, los 365 días del año, atendiendo una de las principales demandas históricas de la población.
Renuncias en el Poder Judicial: lo que no se dice
La renuncia de tres jueces en Tamaulipas —dos jueces menores y uno de Primera Instancia—, confirmada por la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Tania Contreras López, no puede leerse como un simple trámite administrativo ni despacharse bajo la cómoda etiqueta de “motivos personales”.
En el contexto actual, cualquier movimiento dentro del Poder Judicial adquiere una dimensión política inevitable. Más aún cuando ocurre en medio de una reforma judicial impulsada desde el centro del poder, que ha puesto bajo presión a juzgadores, magistrados y estructuras completas de impartición de justicia en el país.
Que tres jueces abandonen sus cargos de manera simultánea plantea preguntas legítimas:
¿es desgaste institucional?, ¿incertidumbre laboral?, ¿temor a la reconfiguración del sistema?, ¿o un mensaje silencioso frente a un proceso que amenaza con diluir la independencia judicial?
El discurso oficial opta por la prudencia: se informa la renuncia, se notifica al Congreso y se activa el procedimiento de sustitución. Pero el fondo es más complejo. En un Poder Judicial históricamente golpeado por la desconfianza ciudadana, la precarización presupuestal y ahora por una narrativa política que lo señala como obstáculo del cambio, cada salida suma a la percepción de fragilidad institucional.
No se trata de defender privilegios, sino de advertir riesgos. Un Poder Judicial que pierde cuadros —por la razón que sea— en un ambiente de polarización y presión política, no se fortalece: se debilita. Y cuando la justicia se debilita, el vacío no lo ocupa la eficiencia, sino la discrecionalidad.
Las renuncias, por ahora, no constituyen una crisis. Pero sí son un síntoma. Ignorarlas o minimizarlas sería irresponsable. Porque cuando los jueces se van en silencio, el mensaje que queda es claro: algo no está funcionando como debería.
Y en democracia, la justicia no puede permitirse el lujo de parecer prescindible.