La carretera Victoria–Zaragoza amaneció una vez más convertida en escenario de tragedia. Tres personas perdieron la vida y al menos seis más resultaron lesionadas en un accidente que, más allá de los peritajes y las causas técnicas, vuelve a colocar sobre la mesa una realidad incómoda: en temporada vacacional, nuestras carreteras se saturan, pero la cultura de la prevención sigue siendo insuficiente.
No se trata de señalar culpables ni de reducir una pérdida humana a una estadística. Cada fallecimiento representa una familia rota, un destino interrumpido y una ausencia que no se compensa con comunicados oficiales. Sin embargo, sí obliga a una reflexión colectiva sobre el papel que juegan la prevención, la corresponsabilidad ciudadana y la capacidad de respuesta institucional.
Protección Civil, Cruz Roja y los cuerpos de emergencia cumplen, como siempre, su labor en condiciones adversas: largas distancias, tramos peligrosos y recursos limitados. Llegan después del impacto, cuando el daño ya está hecho. El problema es que seguimos actuando más desde la reacción que desde la anticipación.
Las vacaciones decembrinas incrementan el flujo vehicular, el cansancio al volante, los trayectos nocturnos y, en muchos casos, el consumo de alcohol. Aun así, los operativos preventivos suelen percibirse como molestia y no como lo que son: una barrera mínima entre la vida y la tragedia. Falta una política más firme y sostenida de educación vial, señalización adecuada en tramos de riesgo y campañas que no se limiten a fechas específicas.
La carretera no perdona errores, pero tampoco debería hacerlo la indiferencia. La prevención no es un discurso de ocasión ni una recomendación de último momento; es una responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanía. Porque mientras sigamos normalizando la muerte en carretera como “accidente”, seguiremos llegando tarde, una y otra vez.
En esta temporada vacacional, el llamado no es retórico: bajar la velocidad, descansar antes de manejar, evitar el alcohol y revisar el vehículo no son consejos menores. Son decisiones que pueden marcar la diferencia entre volver a casa o convertirse en una nota más.
El abandono que el Estado permite
El abandono de Nilda Perales Ramos, una mujer adulta mayor localizada a la orilla de una carretera en Matamoros, no es un accidente social ni un hecho fortuito. Es el resultado de un Estado que llega tarde, de políticas públicas reactivas y de una cultura institucional que sigue tratando a las personas mayores como un asunto secundario.
Desde la narrativa oficial se insiste en que el caso se atiende “conforme a la ley”. Pero desde una perspectiva política y de derechos humanos, la pregunta central es otra: ¿por qué una persona adulta mayor terminó abandonada, expuesta y en riesgo de muerte antes de que el Estado interviniera?
El abandono no comienza en la carretera; comienza mucho antes, cuando no existen redes de cuidado, cuando la vigilancia institucional es inexistente y cuando la política social se limita a discursos, padrones y buenas intenciones. Lo ocurrido no solo señala a quien dejó a la víctima, sino a un sistema que falló en prevenir.
En México y en Tamaulipas, las personas adultas mayores son reconocidas en el papel como sujetos de derechos, pero en la práctica siguen siendo tratadas como cargas familiares o problemas privados. Esa omisión es profundamente política. Un gobierno que no garantiza mecanismos reales de protección incurre, por acción u omisión, en una forma de violencia institucional.
La apertura de una carpeta de investigación es obligatoria, pero no debe usarse como cortina de humo. Judicializar el caso sin revisar el fondo equivale a administrar el daño, no a resolver el problema. ¿Dónde están los sistemas de detección temprana? ¿Dónde el acompañamiento a familias? ¿Dónde la supervisión a entornos de cuidado?
El envejecimiento de la población es una realidad demográfica conocida desde hace años. No es una sorpresa ni una contingencia. Que el Estado siga improvisando frente a esta realidad es una decisión política, no una casualidad. Y cada abandono evidencia el costo humano de esa irresponsabilidad.
Endurecer la ley no basta si no se endurece también la voluntad política. Proteger a las personas adultas mayores exige presupuesto, personal capacitado, coordinación interinstitucional y, sobre todo, la convicción de que la dignidad humana no es negociable.
El caso de Nilda Perales Ramos debe incomodar al poder, no solo conmover a la opinión pública. Porque una democracia que permite que sus adultos mayores sean abandonados en silencio es una democracia que fracasa en lo esencial: proteger a quienes ya no pueden defenderse solos.
Las leyes no se hicieron para proteger apellidos ni candidaturas familiares.
La discusión sobre la llamada “ley esposa” vuelve a poner sobre la mesa un problema de fondo: el uso de las leyes para intereses personales y familiares, dijo el diputado Humberto Prieto Herrera.
El presidente de la Jucopo, señaló que el Congreso no existe para allanar candidaturas ni proteger apellidos, sino para representar a la ciudadanía.
Utilizar el discurso de género para justificar privilegios no solo es incorrecto, sino que trivializa las luchas reales por la igualdad. Las mujeres han demostrado, una y otra vez, que pueden competir y gobernar por mérito propio, sin leyes hechas a la medida.
Cuando una reforma encubre nepotismo, se vulnera la ética pública y se debilita la confianza ciudadana. Legislar con responsabilidad es una obligación, no una opción.
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