Los datos expuestos por el Auditor Superior del Estado de Tamaulipas, Francisco Noriega Orozco, revelan una radiografía incómoda pero necesaria del ejercicio del poder público: más de 190 entes fiscalizados, 70 denuncias turnadas a la Fiscalía Anticorrupción, 18 expedientes ante el Tribunal de Justicia Administrativa y al menos 93 funcionarios implicados en posibles irregularidades. Las cifras no son menores y colocan a la fiscalización en el centro del debate sobre la efectividad del combate a la corrupción.

El avance de estas carpetas marca un punto de inflexión. Durante años, la auditoría fue percibida como un trámite administrativo que raramente derivaba en consecuencias reales. Hoy, el mensaje institucional es distinto: quien no solvente observaciones enfrenta sanciones económicas, procesos administrativos y, eventualmente, responsabilidades penales. La recuperación de más de tres millones de pesos por multas es una señal de que, al menos en el plano económico, la fiscalización empieza a generar efectos.

Sin embargo, el verdadero reto no está en imponer multas, sino en evitar que estas se normalicen como un “costo de operación”. El caso de funcionarios reincidentes, incluso alcaldes con decenas de sanciones acumuladas, exhibe una debilidad estructural: cuando las multas no inhiben la conducta, la sanción pierde su carácter disuasivo y se convierte en parte del cálculo político–administrativo.

Otro elemento crítico es la complejidad de las notificaciones. El propio auditor reconoce que una mala notificación puede derrumbar expedientes completos. Esta realidad evidencia una paradoja institucional: mientras más sofisticados son los mecanismos legales, más se abren espacios para la evasión de responsabilidades. Funcionarios que no abren la puerta, domicilios difíciles de localizar y recursos legales prolongan procesos que deberían resolverse con mayor celeridad.

La conversión de multas en créditos fiscales introduce un componente adicional de presión, al impactar directamente en la vida financiera de los sancionados. No obstante, esta herramienta solo será efectiva si existe seguimiento puntual y coordinación interinstitucional, de lo contrario, el castigo se diluye en el tiempo.

En el fondo, la discusión no es cuántas denuncias se presentan, sino cuántas concluyen con sanciones firmes y ejemplares. La fiscalización no puede medirse únicamente en montos recuperados o expedientes integrados, sino en su capacidad para modificar conductas y fortalecer la ética pública.

La Auditoría Superior ha dado pasos relevantes, pero ahora enfrenta su prueba definitiva: demostrar que la rendición de cuentas en Tamaulipas dejó de ser discurso y se convirtió en una política de Estado sostenida, eficaz y sin excepciones.

Sarampión: cuando la prevención se posterga y el riesgo se normaliza

Aunque Tamaulipas no registra casos de sarampión en lo que va de 2026, el repunte de contagios en otras entidades del país expone una falla estructural que trasciende fronteras estatales: el debilitamiento de las políticas de vacunación y la incapacidad del sistema de salud para anticiparse a los efectos de la movilidad humana.

El reconocimiento hecho desde el propio Congreso local —al señalar que los brotes se explican por rezagos en vacunación y fenómenos migratorios— debería encender alertas más allá del discurso tranquilizador. La ausencia de casos no equivale a blindaje epidemiológico, especialmente cuando el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas conocidas y se transmite con facilidad en espacios comunitarios.

Durante años, la vacunación dejó de ser una prioridad política visible. La reducción de campañas sostenidas, la fragmentación del primer nivel de atención y la sobrecarga del sistema de salud han generado bolsillos de población no inmunizada, particularmente entre niñas, niños y adultos mayores. Ese vacío, hoy, se convierte en riesgo latente.

A ello se suma un fenómeno que el discurso oficial suele tratar con cautela: la migración. No como estigmatización, sino como realidad sanitaria. Los flujos constantes de personas, muchas de ellas sin esquemas completos de vacunación ni acceso regular a servicios de salud, obligan al Estado a fortalecer la vigilancia epidemiológica y no a relajarse en cifras momentáneas.

El llamado a la “participación social en salud” —estornudo de etiqueta, uso de cubrebocas, atención temprana— es correcto, pero insuficiente si no se acompaña de una estrategia pública robusta. La responsabilidad no puede trasladarse únicamente a la ciudadanía cuando el problema es sistémico.

La advertencia es clara: los brotes no avisan. La historia sanitaria demuestra que las enfermedades que se consideran erradicadas regresan cuando la prevención se subordina a la coyuntura política o presupuestal. Hoy Tamaulipas no tiene casos; mañana, si se mantiene la inercia, podría enfrentar un escenario distinto.

En epidemiología, la prevención no se presume: se sostiene. Y en política pública, la salud no admite complacencia.

Tamaulipas tiene rumbo y coordinación con el Gobierno Federal: Gobernador

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, afirmó que tanto el contexto nacional como el internacional ofrecen condiciones favorables para la ejecución y conclusión de proyectos estratégicos en la entidad, entre los que destacan el nuevo Hospital del ISSSTE en Tampico, el Hospital General de Ciudad Madero, la Segunda Línea del Acueducto, la construcción de 15 Estaciones Seguras en la frontera, el Corredor Golfo Norte y la reciente inauguración de la sede nacional de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en Nuevo Laredo, entre otros.

Durante una rueda de prensa, el mandatario estatal subrayó la relevancia de la reciente visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y precisó que el conjunto de estos proyectos representa una inversión superior a los 50 mil millones de pesos, lo que refleja la confianza del Gobierno de la República en Tamaulipas como un eje estratégico del desarrollo nacional.

Villarreal Anaya reconoció que el estado no es ajeno al entorno global ni a las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos; sin embargo, destacó que el país cuenta hoy con un liderazgo firme en materia de soberanía y planeación del gasto público.

“Tenemos claridad sobre el origen de los recursos y su destino. El presupuesto de egresos de la federación nos permite conocer cómo la actividad productiva y la contribución de las y los mexicanos se traducen en inversión pública orientada al bienestar y al desarrollo”, expresó.

En ese marco, el gobernador enfatizó que Tamaulipas ha logrado consolidar proyectos sostenibles y de alto impacto, que no sólo responden a las necesidades de la población estatal, sino que también fortalecen su participación activa en el desarrollo económico, logístico y social del país.