Playa Miramar brilla bajo luces y música: el Marciano Fest es la carta promocional que el alcalde Erasmo González Robledo exhibe como trofeo de gestión. Es, sin duda, una apuesta por el espectáculo y el turismo. El problema es que, detrás del escenario, el gobierno municipal exhibe otra dramaturgia menos fotogénica: la de la doble moral administrativa y el evidente desgaste institucional.
Mientras funcionarios salen en operativos contra motociclistas sin placas —con la cámara y el micrófono listos para la foto del “orden público”—, circulan reportes ciudadanos y evidencias de que vehículos oficiales del propio Ayuntamiento ruedan sin matrícula. Ese contraste no es anecdótico: es una declaración de prioridades. Se multa al ciudadano, se tolera al poder.
El fenómeno tiene al menos dos lecturas que deberían prender las alarmas. La primera, política: un gobierno que apuesta a la espectacularidad y al consumo simbólico para ganar visibilidad, pero que diluye la obligación básica de gobernar con transparencia. El espectáculo sustituye a la gestión cotidiana —recolección, seguridad, movilidad, rendición de cuentas— y el resultado es un contrato social que se resquebraja.
La segunda, institucional: la normalización de prácticas contradictorias —exigir cumplimiento a la ciudadanía mientras se permite la impunidad interna— erosiona las instituciones desde adentro.
No es solo la falta de placas; es la falta de controles, de inventarios, de responsables que expliquen por qué un bien público no circula como tal.
Esa ausencia de responsabilidad abre la puerta a prácticas clientelares, al uso discrecional de recursos y a la pérdida de confianza ciudadana.
El Marciano Fest puede llenar la playa de asistentes y generar una foto de portada. Pero las fotografías duran un día; la impunidad y el desgaste institucional perduran. Un gobierno que no aplica la misma vara para todos —que sanciona al motorizado popular y perdona al vehículo con logos oficiales— no solo desoye la ley: la convierte en un instrumento selectivo de poder.
La pregunta es sencilla y contundente: ¿quién garantiza que las prioridades del Ayuntamiento no sean solamente la exhibición mediática y la coyuntura electoral, en lugar del servicio público? Mientras no haya respuestas y medidas claras —inventarios públicos, sanciones administrativas a servidores que incumplen, operativos transparentes y auditorías ciudadanas— la playa seguirá brillando y la ciudad seguirá pagando el costo de la simulación.
No son incompatibles la promoción turística y la gestión responsable. Lo que sobra es la impunidad.