La inconformidad en el campo tamaulipeco ha dejado de ser un reclamo aislado para convertirse en un síntoma de una crisis estructural que hoy escala a nivel nacional. Así lo advirtió la diputada panista Marina Ramírez Andrade, quien señaló que en el valle de San Fernando crece la preocupación ante la falta de soluciones concretas, particularmente en materia de precios de garantía.
La legisladora sostuvo que el descontento de los productores no es circunstancial, sino resultado de una acumulación de factores que han llevado a los agricultores a protestar en al menos 20 estados del país. “No es una decisión voluntaria, es una presión económica que los obliga”, subrayó.
Si bien reconoció programas como Fertilizantes para el Bienestar, advirtió que estos apoyos resultan insuficientes frente a la dimensión del problema. Explicó que están dirigidos a pequeños productores —de entre 5 y 20 hectáreas—, mientras que en regiones como San Fernando la viabilidad productiva exige escalas de entre 80 y 100 hectáreas.
El impacto ya es visible. Más del 60% de las tierras destinadas a sorgo y maíz en esa zona han dejado de sembrarse, reflejando no solo una crisis productiva, sino una pérdida de confianza en las políticas públicas.
A ello se suma, dijo, la falta de resultados tras meses de mesas de diálogo. “Los agricultores no sienten respaldo ni respuestas a sus demandas básicas”, señaló, al insistir en que el tema de los precios de garantía sigue sin resolverse.
La legisladora también advirtió que la importación de maíz desde el extranjero agrava la situación, al presionar los precios locales y reducir la competitividad del productor nacional, configurando lo que describió como un “golpe tras golpe” para el sector.
En este contexto, las demandas del campo permanecen claras: establecer precios de garantía reales, reactivar esquemas de financiamiento mediante banca rural y reducir los costos operativos, particularmente el diésel, a través de subsidios.
Más allá de las cifras, el fondo del problema es político. La falta de respuestas efectivas no solo profundiza la crisis productiva, sino que erosiona la relación entre el campo y las instituciones.
Hoy, en regiones como San Fernando, el abandono no se mide solo en hectáreas sin sembrar, sino en la creciente percepción de que las soluciones siguen en el discurso… y no en la tierra.