En Tamaulipas, el reconocimiento de los derechos laborales para las personas trabajadoras del hogar sigue siendo, en gran medida, una promesa incumplida. Aunque el marco legal ha avanzado en los últimos años, su aplicación dista mucho de ser una realidad tangible.
La reciente propuesta del diputado Armando Javier Zertuche Zuani, integrante de Morena, busca exhortar a los 43 ayuntamientos del estado a brindar orientación legal, acompañamiento y asesoría a este sector históricamente vulnerable. Sin embargo, más allá de la intención legislativa, el planteamiento vuelve a evidenciar una constante: la brecha entre lo que se legisla y lo que realmente se garantiza.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México existen más de 2.2 millones de personas trabajadoras del hogar, un universo marcado por la informalidad, la precariedad y la invisibilización institucional.
El contraste es contundente.
Tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2018 y las reformas laborales de 2019 que reconocieron su derecho a la seguridad social, se esperaba una transformación estructural. No obstante, a siete años de distancia, la realidad revela un rezago alarmante: apenas 2 de cada 100 trabajadoras del hogar están afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social.
La pregunta es inevitable: ¿de qué sirve el avance legal sin mecanismos efectivos de implementación?
El punto de acuerdo plantea que los Ayuntamientos de Tamaulipas, a través de los Institutos Municipales de la Mujer, asuman un rol más activo en la difusión y acompañamiento. Sin embargo, la propuesta también deja entrever una omisión estructural: la responsabilidad sigue fragmentándose entre niveles de gobierno, diluyendo la obligación principal de garantizar derechos.
Más aún, trasladar la carga a instancias municipales —muchas de ellas con recursos limitados— podría terminar reproduciendo la misma ineficiencia que se intenta corregir.
El fondo del problema no es la falta de leyes, sino la ausencia de políticas públicas integrales, presupuesto suficiente y voluntad institucional para hacerlas cumplir.
En este contexto, la iniciativa abre el debate, pero también expone una realidad incómoda: en México, y particularmente en Tamaulipas, los derechos de las trabajadoras del hogar siguen atrapados entre el discurso progresista y la inacción gubernamental.
Porque mientras se discuten exhortos y se turnan iniciativas a comisiones, miles de mujeres continúan trabajando sin seguridad social, sin contratos y sin garantías mínimas.
El reto no es reconocer derechos.
El reto es hacerlos realidad.