En la cama 230 del segundo piso del Hospital General de Zona No. 6 del IMSS en Ciudad Madero, Tamaulipas, yace José, un niño de apenas cinco años que lleva más de una semana luchando por su vida. No solo contra la microcefalia que padece desde su nacimiento, sino también contra la burocracia indolente del sistema de salud pública que lo condena al abandono.
José convulsiona. Tiene fiebre, dolor en su frágil cuerpo y una sonda nasal que lo lastima. El personal médico, denuncian sus familiares, aparece y desaparece sin dar respuestas ni tratamientos concretos. Lo han puesto en ayuno varias veces con la promesa de una cirugía urgente que nunca llega. Su hemoglobina bajó peligrosamente a ocho, y apenas hace unos días comenzó a recibir alimento por catéter.
El último reporte médico, al que se tuvo acceso, señala con la frialdad de un trámite administrativo que “tal vez” dentro de cinco días podrían evaluar si ya está en condiciones de ser operado. Cinco días más de dolor. Cinco días de angustia para una familia que ve cómo la vida de un niño se escapa, lentamente, ante la mirada ciega de un sistema roto.
Mientras tanto, el director general del IMSS, Zoé Robledo, guarda silencio. Ni un solo pronunciamiento. Ni una explicación. Ni una señal de humanidad. Un silencio que pesa tanto como las convulsiones de José, y que ensordece ante el dolor de una abuela que no se rinde.
“Mi nieto está luchando duro por vivir. El fin de semana respiró un poco más por sus propios recursos, como muestra de que quiere seguir aquí, quiere seguir con vida. Ya lo están alimentando por el catéter… estamos esperando a que se estabilice para que lo puedan operar”, dice con la voz entrecortada Maritza Novoa Cruz, la mujer que ha enfrentado sola la burocracia del Instituto Mexicano del Seguro Social.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos ya recibió una queja formal. Pero, hasta este momento, no hay sanciones. No hay investigaciones a fondo. No hay consecuencias.
Este no es un caso aislado. Es apenas una muestra de lo que pasa todos los días en hospitales públicos del país, donde la vida de un niño vale lo mismo que un expediente archivado. Un sistema donde la negligencia no es un accidente, sino una rutina.
El caso de José debería encender alarmas en Palacio Nacional y en las oficinas de la presidenta, Claudia Sheinbaum. Pero mientras algunos celebran promesas futuras, otros —como José— siguen esperando que alguien, por fin, cumpla con su deber.