La estrategia para frenar llamadas de extorsión desde el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) Victoria ya genera un nuevo problema fuera de sus muros: la afectación directa a la conectividad de miles de ciudadanos.
En colonias como Las Flores, Rincón de Tamatán, Luis Quintero y zonas cercanas a la calzada Tamatán, vecinos reportan fallas constantes en redes 4G y 5G de distintas compañías. La causa, coinciden, son los inhibidores de señal instalados en el penal.
La autoridad lo admite. El secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, ofreció disculpas públicas, pero sostuvo que la medida es necesaria para impedir que internos continúen operando esquemas de extorsión telefónica.
El problema, sin embargo, ya no es solo de seguridad: es de derechos.
Porque en la práctica, una herramienta diseñada para bloquear comunicaciones ilícitas está limitando un servicio esencial para la población. La telefonía móvil hoy no es un lujo: es vía de trabajo, acceso a servicios digitales, comunicación familiar y, en casos críticos, una herramienta de emergencia.
El trasfondo legal es inevitable. La interferencia de señales en zonas habitadas plantea cuestionamientos sobre la proporcionalidad de la medida y su impacto en terceros no involucrados. ¿Se evaluó el radio de alcance de los inhibidores? ¿Existe coordinación con empresas de telecomunicaciones? ¿Hay mecanismos de compensación o mitigación para los afectados?
Hasta ahora, no hay respuestas claras.
De acuerdo con datos oficiales, en Tamaulipas operan al menos 45 inhibidores distribuidos en cinco penales. Es decir, el problema no es aislado ni temporal: es estructural y potencialmente replicable en otras ciudades.
El riesgo es evidente: normalizar una política de seguridad que resuelve un delito generando otro tipo de afectación colectiva. Porque si bien la extorsión es un problema grave, combatirla no debería implicar dejar incomunicadas a comunidades enteras.
Aquí no hay una disyuntiva simple entre seguridad o comodidad. Se trata de encontrar un equilibrio entre la contención del delito y el respeto a derechos básicos.
Mientras eso no ocurra, el mensaje para los ciudadanos es contradictorio: el Estado protege… pero al mismo tiempo desconecta.