Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Al menos dos mil trabajadores de la Secretaría de Salud de Tamaulipas enfrentan un escenario de incertidumbre financiera y presión constante por parte de despachos de cobranza que operan a nombre de Grupo Famsa, pese a que la empresa dejó de operar y los descuentos vía nómina fueron suspendidos desde hace meses.
De acuerdo con el secretario general de la Sección 51 del Sindicato de Trabajadores de la Salud, Adolfo Sierra Medina, los afectados han denunciado prácticas indebidas de cobro, que incluyen amenazas de embargo, advertencias de demandas y el incremento desproporcionado de sus adeudos.
“El problema es que las deudas se inflaron con tasas de interés muy altas, y los trabajadores siguen siendo presionados aun cuando los descuentos fueron retirados de manera repentina”, señaló.
El dirigente sindical advirtió que la situación evidencia un vacío institucional, ya que, aunque la Secretaría dejó de aplicar los cobros, no se establecieron mecanismos claros para regular los adeudos ni proteger a los trabajadores.
Incluso, reveló la existencia de un documento en el que FAMSA demanda a la propia Secretaría de Salud por presunto incumplimiento de pagos, lo que abre un frente legal sobre la responsabilidad real de la deuda.
“Si el compromiso fue asumido a través de la Secretaría, entonces el trabajador no puede cargar con esa responsabilidad”, sostuvo.
El caso se agrava debido a que algunos descuentos previos alcanzaban hasta los 3 mil pesos mensuales, lo que —según el sindicato— contraviene la normativa vigente que limita las deducciones a un máximo del 30% del salario.
Ante este panorama, el líder sindical adelantó que sostendrá una reunión con la titular de la dependencia, Adriana Marcela Hernández Campos, para exigir una postura jurídica clara y una solución que frene las prácticas de cobranza consideradas abusivas.
El conflicto no solo expone un problema financiero, sino también una falla en la supervisión institucional sobre esquemas de crédito vinculados a trabajadores del sector público, quienes hoy enfrentan deudas crecientes sin certeza legal sobre su origen, monto real o responsable final.
Mientras no exista una definición clara, los trabajadores permanecen en medio de un proceso de cobranza que, lejos de resolverse, sigue escalando.