En Tamaulipas, las presuntas irregularidades en áreas de comunicación social —particularmente en la Universidad Autónoma de Tamaulipas— vuelven a exhibir un problema estructural: cuando surgen señalamientos, la respuesta institucional suele fragmentarse entre competencias y límites legales.
La secretaria Anticorrupción, Norma Angélica Pedraza Melo, luego de comparecer ante los integrantes de la Comision anticorrupción en el Congreso del Estado y tras responder las preguntas de los reporteros de la fuente confirmó que existen investigaciones en curso relacionadas con declaraciones patrimoniales y posibles responsabilidades administrativas de funcionarios, tanto de la actual como de la pasada administración.
Sin embargo, al abordar casos específicos vinculados con comunicación social —y particularmente con la UAT—, la respuesta fue tajante: no es su competencia directa.
Y es ahí donde el caso se vuelve más complejo.
Este mismo día, el rector de la UAT designó a Omar Aguilar García como nuevo titular de Comunicación Social, en sustitución de Manuel Aguilar, quien fue separado del cargo en medio de señalamientos por presuntas irregularidades administrativas y posibles actos de corrupción.
El relevo no es menor.
Es, en sí mismo, una señal de que algo ocurrió.
Pero también abre nuevas interrogantes.
Porque si bien la Universidad, como órgano autónomo, cuenta con sus propios mecanismos de control, los cuestionamientos apuntan a posibles vínculos, decisiones o influencias que podrían trascender el ámbito interno.
Ahí surge la pregunta de fondo:
¿puede una investigación limitarse a una sola institución cuando los hechos sugieren conexiones más amplias?
Mientras tanto, la Secretaría Anticorrupción reporta al menos 25 expedientes de presunta responsabilidad administrativa, así como alrededor de 15 investigaciones relacionadas con la evolución patrimonial de funcionarios.
También se han detectado observaciones en nómina y posibles irregularidades que siguen en proceso de revisión.
Pero el problema no es la falta de expedientes.
Es la fragmentación de las investigaciones.
Porque cuando cada institución investiga “lo suyo”, el riesgo es que los casos se queden incompletos.
La corrupción no se organiza por dependencias.
Pero la investigación sí.
Y en esa división, muchas veces, la verdad se diluye.