En medio de una creciente ola de amparos promovidos por empresas, el Gobierno de Tamaulipas mantiene como meta una recaudación de 115 millones de pesos por concepto del Impuesto Verde durante este año, una proyección que refleja más expectativa que certeza, reconoció el subsecretario de Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández.
El funcionario precisó que durante 2025 se han recaudado 101 millones de pesos, por lo que, de mantenerse la tendencia, se obtendrían 14 millones de pesos adicionales; sin embargo, admitió que el comportamiento del ingreso depende en gran medida de los procesos legales en curso y del cumplimiento parcial de los contribuyentes.
“Nada más aclarando, la mayoría de los pagos se ejecutan a finales de mes, no a mediados”, puntualizó, en un intento por ajustar las percepciones sobre el ritmo real de la recaudación.
Respecto a los amparos, Becker Hernández sostuvo que las empresas están en su derecho de interponerlos, así como el Estado tiene la facultad de defender el cobro del impuesto. No obstante, reconoció que no todas las empresas están pagando, y que la resolución de los litigios definirá si se aplican o no recargos, lo que introduce un alto grado de incertidumbre financiera.
El Impuesto Verde aplica principalmente a empresas del sector petroquímico, al ser aquellas que superan las 25 mil toneladas anuales de emisiones de gases de efecto invernadero, lo que las convierte en los principales sujetos obligados del gravamen.
Al ser cuestionado sobre el monto de recursos que el Estado deja de percibir debido a los amparos, el subsecretario admitió que el impacto podría ascender a varios millones de pesos, aunque evitó dar una cifra concreta. Comparó la situación con el cobro del impuesto predial, señalando que, de alcanzarse una recaudación total ideal, el potencial sería mucho mayor.
“Si se cobrara al cien por ciento, el umbral sería muy alto; estamos hablando de alrededor de mil 800 millones de pesos, considerando el total de las emisiones”, explicó.
El planteamiento deja al descubierto una paradoja: mientras el gobierno defiende el Impuesto Verde como una herramienta ambiental y recaudatoria, su aplicación enfrenta resistencia empresarial, litigios prolongados y una brecha significativa entre lo que se recauda y lo que se proyecta como potencial. En este escenario, el impuesto corre el riesgo de convertirse más en un conflicto fiscal y político que en un verdadero instrumento para la mitigación ambiental.