Cd. Victoria, Tamaulipas.— Para que el gobierno de Tamaulipas asuma la responsabilidad por daños ocasionados a terceros cuando estos sean cometidos por personas en situación de calle con problemas de salud mental que no recibieron atención oportuna, el diputado local Gerardo Peña Flores presentó una iniciativa para reformar la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
Durante su intervención ante el Pleno del Congreso local, el líder de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), subrayó que el derecho a la salud es uno de los derechos humanos fundamentales, y que la atención a la salud mental debe considerarse una prioridad en las políticas públicas del Estado.
Explicó que la propuesta busca modificar el artículo 4 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado para establecer que la entidad federativa responda por los daños al patrimonio de terceros derivados de omisiones en la atención de salud física o mental de personas en situación de calle.
“Desafortunadamente hemos conocido múltiples casos en los que personas con padecimientos mentales, sin la atención adecuada, realizan actos que generan daños a la sociedad, como arrojar piedras a vehículos, romper ventanas o incluso provocar incendios”, expuso el legislador.
Añadió que estas situaciones afectan directamente el patrimonio de ciudadanos y familias, quienes en muchos casos quedan en estado de indefensión al no existir mecanismos claros para la reparación del daño.
Sostuvo que la iniciativa no busca criminalizar a las personas con problemas de salud mental, sino visibilizar la responsabilidad del Estado en garantizar atención médica oportuna y prevenir situaciones que deriven en daños a terceros.
Asimismo, señaló que la propuesta abre el debate sobre la necesidad de fortalecer las políticas públicas en materia de salud mental, atención a personas en situación de calle y mecanismos de prevención del delito desde un enfoque social.
La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis, donde se evalua su viabilidad jurídica y el impacto presupuestal que implicaría la eventual responsabilidad patrimonial del Estado en este tipo de casos.