La entrega de un oficio por parte del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas a la presidenta Claudia Sheinbaum no es un acto protocolario ni un gesto aislado. Es la expresión de una crisis estructural que el Estado mexicano no ha logrado contener: la desaparición de personas y la normalización del riesgo para quienes buscan.

Las familias no acudieron a pedir privilegios, sino garantías mínimas. Solicitar una mesa de trabajo federal implica reconocer que los mecanismos locales han sido insuficientes, y en algunos casos, ausentes. La exigencia central —seguridad durante las jornadas de búsqueda— revela una paradoja inadmisible en un Estado de derecho: quienes buscan a sus seres queridos lo hacen sin protección, expuestos a amenazas, mientras las instituciones responsables se repliegan.

Tamaulipas se mantiene entre las entidades con mayor número de personas desaparecidas. Las cifras oficiales superan las 13 mil personas no localizadas, con focos rojos persistentes en municipios como Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo. Pero detrás de cada número hay un rostro, una familia y una búsqueda que se prolonga en el tiempo sin respuestas claras.

El retiro de esquemas de seguridad durante las búsquedas no es una omisión menor. Constituye una vulneración directa al derecho a buscar, reconocido en estándares internacionales de derechos humanos, y una forma de revictimización institucional. Cuando el Estado no protege a quienes buscan, transfiere el riesgo a las víctimas.

Que la presidenta de la República haya recibido el oficio y turnado el caso a la Secretaría de Gobernación abre una ventana institucional que no debe cerrarse con burocracia. La instalación de una mesa de trabajo federal no puede ser solo un espacio de escucha, sino un mecanismo con capacidad de decisión, coordinación y seguimiento real, particularmente con el Gobierno de Tamaulipas.

El desafío no es menor: garantizar seguridad, fortalecer la búsqueda, mejorar la identificación forense y restablecer la confianza de las familias. Pero el punto de partida es claro: buscar no debe ser una actividad de alto riesgo.

Mientras las familias sigan saliendo al campo con miedo y sin respaldo pleno del Estado, la crisis de desapariciones seguirá siendo no solo un problema de seguridad, sino una deuda abierta de derechos humanos.

Sheinbaum inauguró la nueva sede de la ANAM en Nuevo Laredo.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, inauguraron la nueva sede de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en Nuevo Laredo, un hecho histórico que fortalece la infraestructura aduanera nacional y consolida a esta ciudad como la capital aduanera más importante de Latinoamérica.

Esta obra estratégica es resultado del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, una sinergia institucional que ha permitido avanzar con orden y materializar proyectos clave para la transformación del país.

Con esta inauguración, Nuevo Laredo, en coordinación con la ANAM, se declara listo para enfrentar nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo, fortaleciendo no solo a la ciudad y a Tamaulipas, sino también a México como un punto estratégico del comercio internacional y la competitividad global.

Cuando la emergencia revela las fallas

La muerte de tres bomberos en el incendio de la maquiladora Spellman, en Matamoros, no puede leerse únicamente como un accidente trágico. Es, sobre todo, una alerta severa sobre las condiciones de seguridad industrial y los límites operativos con los que enfrenta emergencias el sistema de Protección Civil en Tamaulipas.

El colapso de una pared durante las labores de combate al fuego expone una pregunta incómoda pero necesaria: ¿existían dictámenes estructurales actualizados?, ¿se contaba con protocolos específicos para incendios industriales de alto riesgo?, ¿qué tan frecuente es la supervisión preventiva en este tipo de plantas?

La prevención no comienza cuando suenan las sirenas, sino mucho antes: en inspecciones rigurosas, simulacros reales, planes de contingencia obligatorios y en la corresponsabilidad de las empresas que operan bajo esquemas de alto riesgo. Cuando estos elementos fallan, el costo no se mide en pérdidas materiales, sino en vidas humanas.

Hoy el reconocimiento a los bomberos caídos es obligado, pero insuficiente si no se traduce en una revisión profunda de la política de seguridad industrial. La lección es clara: la protección civil no puede seguir actuando solo como reacción; debe fortalecerse como sistema preventivo, con autoridad, recursos y respaldo institucional.

Honrar a quienes murieron cumpliendo su deber implica algo más que homenajes: implica evitar que esta tragedia vuelva a repetirse.

La omisión también es una forma de corrupción

El fin del programa federal de regularización de vehículos de procedencia extranjera, anunciado para enero de 2026, dejó una línea clara: fuera de la frontera, los autos “chocolate” no tienen respaldo legal para circular. A partir de ese momento, la responsabilidad recae plenamente en las autoridades locales de tránsito y seguridad. Y es ahí donde el problema no solo persiste, sino que se agrava.

En la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, la omisión institucional se ha convertido en práctica cotidiana. Las corporaciones de tránsito eluden su deber jurídico de verificar la legalidad de los vehículos, aun cuando la ley es explícita: unidades sin placas, sin documentación federal o sin acreditación de estancia legal deben ser retiradas de circulación y puestas a disposición de la autoridad competente.

No se trata de un vacío legal. Se trata de una renuncia deliberada a aplicar la ley.

La consecuencia no es menor. Mientras miles de ciudadanos cumplen con el pago de derechos vehiculares, tenencias, seguros y verificaciones, los vehículos irregulares circulan sin control, provocan accidentes y, en muchos casos, se dan a la fuga, dejando a las víctimas sin reparación del daño. La impunidad no solo circula: atropella.

Esta tolerancia selectiva erosiona la credibilidad del Estado. Cuando una autoridad decide no actuar, no es neutral: toma partido a favor de la ilegalidad. Y cuando esa omisión es sistemática, el mensaje social es devastador: cumplir la ley es un acto ingenuo; evadirla, una estrategia rentable.

La omisión institucional también es corrupción, aunque no deje recibo ni carpeta de investigación. Es corrupción pasiva, silenciosa, pero profundamente dañina. Porque desnaturaliza la función pública y convierte a las corporaciones de seguridad en facilitadoras de la transgresión, no en garantes del orden.

Hoy, más que discursos, se requiere decisión política. Aplicar la ley no es criminalizar la pobreza ni perseguir al ciudadano; es restablecer el principio básico de legalidad. Lo contrario es aceptar que en Tamaulipas la ley se aplica solo cuando conviene.

Y eso, al final, también es una forma de colapso institucional.

Seguridad sin policía: el vacío que ya se siente en Tampico

Cada asalto a un comercio no solo representa una pérdida económica menor o mayor. Es, sobre todo, un recordatorio incómodo: en Tampico la prevención sigue sin rostro, sin proximidad y sin policía municipal.

El reciente robo a una tienda de conveniencia, a plena luz de la mañana y en una de las zonas más transitadas del centro histórico, vuelve a exhibir una realidad que los indicadores oficiales no alcanzan a ocultar. Mientras la estadística presume posiciones favorables en encuestas nacionales, la experiencia cotidiana del comercio y del ciudadano comienza a narrar otra historia.

La ausencia de una Policía Municipal preventiva ha dejado un hueco operativo evidente. Las corporaciones estatales y federales cumplen funciones específicas, pero no sustituyen la vigilancia de proximidad, la disuasión cotidiana ni la reacción inmediata que exige el delito común. Ese vacío no es técnico: es institucional.

Participar o resignarse: el verdadero reto de la reforma electoral

La advertencia es clara y no admite matices complacientes: el problema de la democracia mexicana ya no es sólo cómo se vota, sino si la ciudadanía está dispuesta a votar. La próxima reforma electoral llega en un contexto marcado por el desencanto, la desconfianza y una percepción cada vez más extendida de que los resultados se deciden antes de que se abran las urnas.

Desde Tamaulipas, el presidente del INE, Sergio Iván Ruiz Castellot, pone el dedo en una llaga que el sistema político ha preferido ignorar: la participación electoral no se erosiona por apatía espontánea, sino por fallas estructurales acumuladas. Cuando amplios sectores sociales asumen que su voto no altera el resultado, el mensaje implícito es devastador: la democracia deja de ser un derecho para convertirse en un trámite.

El discurso oficial suele responsabilizar al ciudadano por la baja participación. Sin embargo, el propio INE reconoce que el fenómeno es multifactorial y compromete a partidos políticos, candidaturas —incluidas las independientes— y al Estado mismo. En otras palabras, el sistema se mira al espejo y empieza a reconocer su corresponsabilidad.

Uno de los puntos más sensibles es el modelo de representación. La figura de las candidaturas plurinominales, concebida originalmente para equilibrar el sistema, hoy es percibida como una simulación distante del electorado. Legisladores que no hacen campaña, no recorren territorio y no rinden cuentas directas difícilmente pueden generar identificación ciudadana. No sorprende entonces que la idea de listas abiertas y selección por entidad emerja como una posible vía para devolverle atractivo al voto.

A ello se suma una realidad incómoda: no todas las elecciones movilizan por igual. Mientras los comicios presidenciales o de gubernatura despiertan interés, las elecciones legislativas se hunden en cifras de abstención preocupantes. El mensaje es contundente: la ciudadanía vota cuando siente que decide, no cuando percibe que solo legitima acuerdos previos.

De fondo, la reforma electoral enfrenta una disyuntiva histórica. Puede limitarse a ajustes técnicos y administrativos —como ha ocurrido en el pasado— o puede asumir el reto de reconstruir el vínculo entre representación y ciudadanía. Eso implica ir más allá del padrón y sembrar cultura cívica desde edades tempranas, pero también corregir incentivos perversos dentro del propio sistema político.

De cara a 2027, una certeza se impone: nadie puede anticipar resultados, pero sí puede anticiparse el riesgo. Sin cambios que hagan creíble, cercana y significativa la elección, la democracia seguirá vaciándose de ciudadanos y llenándose de discursos. Y una democracia sin participación no colapsa de golpe: se desgasta lentamente hasta volverse irrelevante.