La crisis del sistema de pensiones en Tamaulipas no es producto de una reforma reciente, sino de años de decisiones postergadas. Durante décadas, el Fondo de Pensiones del Estado y del Magisterio operó bajo un esquema financieramente inviable: bajas aportaciones, jubilaciones tempranas y una expectativa de vida en constante aumento. La matemática era clara, aunque políticamente incómoda.
La reforma de 2015 intentó corregir el rumbo al elevar cuotas y fijar edades mínimas de retiro; sin embargo, su mayor falla no fue el diseño, sino la omisión. Las revisiones bianuales previstas nunca se aplicaron, permitiendo que el desequilibrio se profundizara y que el problema se trasladará —una vez más— al erario público.
Hoy, el escenario es distinto. La administración estatal reconoce el riesgo real de insolvencia y actúa con datos: un fondo que comprometía su viabilidad y obligaba a desviar recursos destinados a otros derechos sociales. El incremento del 37 % en reservas líquidas no resuelve el problema de fondo, pero sí compra tiempo y abre espacio para una reforma estructural.
La nueva modificación a la Ley del Ipset parte de un principio clave: no todos están en la misma condición. Se respetan derechos adquiridos, se protege a pensionados actuales y se establece un nuevo modelo para las generaciones que ingresan a partir de 2026, con reglas claras, mayor edad de retiro y aportaciones reales. No es castigo; es sostenibilidad.
El debate no debe centrarse en si la reforma era cómoda, sino en si era necesaria. Y la respuesta es contundente: sin ajustes, el sistema colapsa; con ellos, se garantiza su viabilidad por los próximos 25 años. La verdadera irresponsabilidad habría sido seguir posponiendo decisiones y heredar el problema completo a quienes aún no ingresan al servicio público.
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Al inicio de esta Administración, se identificó que la situación financiera del IPSSET, presentaba una insuficiencia que comprometía la sostenibilidad del fondo de pensiones en el corto plazo, por lo que se tomó la decisión de implementar estrategias para incrementar la productividad del IPSSET, logrando un aumento de 37.14% en sus reservas líquidas, pasando de 961 a 1,318 millones de pesos.
Aun cuando se implementaron estas estrategias que dieron un respiro a la situación del fondo de pensiones, era indispensable la necesidad de que esta administración asumiera la responsabilidad de llevar a cabo las acciones para salvaguardar los derechos de las y los trabajadores del Estado en el mediano y largo plazo