En tiempos donde la exigencia social por erradicar el nepotismo y el uso patrimonial del poder es cada vez más clara, la discusión en torno a la llamada “ley esposa” expone una de las prácticas más nocivas de la vida pública: moldear las leyes para beneficiar intereses personales o familiares.
La postura del diputado Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, no solo es una opinión aislada, sino una advertencia que toca el fondo del problema. Cuando una ley deja de servir al interés general y se convierte en instrumento para allanar el camino político de determinados apellidos, el principio democrático se erosiona.
El Congreso —cualquier Congreso— no está diseñado para acomodar proyectos individuales ni para validar aspiraciones construidas desde el poder. Su función es representar a la ciudadanía, garantizar equidad y establecer reglas claras que eviten privilegios disfrazados de reformas legales.
En este contexto, dijo el legislador de Reynosa el señalamiento de que este tipo de iniciativas pueden encubrir prácticas de nepotismo resulta particularmente grave. El nepotismo no solo vulnera la competencia política; mina la confianza pública y perpetúa la idea de que el poder se hereda o se protege desde la ley.
Destacó, además, el argumento de fondo: las mujeres no necesitan leyes hechas a la medida para demostrar su capacidad política. La historia reciente lo confirma. Han llegado a cargos de alta responsabilidad por mérito propio, no por vínculos familiares ni por artificios legales. Utilizar el discurso de género para justificar privilegios no solo es incorrecto, sino que trivializa las luchas reales por la igualdad sustantiva.
La coincidencia con la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum refuerza un mensaje que debería ser transversal: cerrar el paso a cualquier intento de normalizar el uso faccioso de la ley. Así como se rechazó el nepotismo en distintas instancias legislativas, corresponde ahora impedir que se reintroduzca por la puerta trasera de reformas aparentemente legales.
Legislar con ética no es una consigna; es una obligación. Y cuando la ley se utiliza para proteger apellidos, se traiciona a la ciudadanía que el Congreso juró representar.