A partir de 2026, cinco municipios de Tamaulipas se beneficiarán con la reclasificación de sus tarifas de energía eléctrica, una medida que permitirá ahorros de entre 15 y 20 por ciento en los recibos domésticos, informó el gobernador Américo Villarreal Anaya. El anuncio representa un alivio tangible para miles de hogares, pero también exhibe los límites estructurales del modelo tarifario nacional y la larga negociación política que el tema implica.
Los municipios beneficiados en esta primera etapa son Abasolo, González, Güémez y El Mante, que pasan de la tarifa 1C a la 1D, así como Padilla, que avanza de la 1D a la 1E. El criterio central para la reclasificación es el reconocimiento de las altas temperaturas extremas que se registran en la entidad, además de la condición de Tamaulipas como estado productor de energía eléctrica, una paradoja histórica frente a los altos costos que pagan los usuarios.
De acuerdo con el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, el impacto económico es claro: con un consumo promedio de 1,000 kWh, el cambio de tarifa 1C a 1D representa una reducción de 462.20 pesos por recibo, equivalente a 15.01 por ciento, derivado de un mayor nivel de subsidio. El beneficio es real, pero limitado frente al universo total de municipios.
El propio gobernador reconoció que solo cinco de los 43 municipios han logrado avanzar, mientras que los 38 restantes permanecen en la mesa de negociación con la Comisión Nacional de Energía, respaldados por estudios técnicos de temperatura elaborados por la Secretaría de Recursos Hidráulicos. El dato revela que la reclasificación no es automática ni equitativa, sino un proceso lento, técnico y profundamente político.
Uno de los obstáculos históricos ha sido el método de medición de temperaturas, basado en estaciones de la CONAGUA ubicadas mayoritariamente en zonas rurales, cercanas a ríos, presas o lagunas, lo que subestima el impacto real del calor en zonas urbanas. En respuesta, el Gobierno del Estado anunció la instalación de 22 estaciones hidrométricas y meteorológicas en áreas urbanas, abiertas a la población y validadas junto con CONAGUA y SEDATU, para generar evidencia técnica que respalde futuras reclasificaciones.
El movimiento, aunque relevante, deja claro que la reclasificación tarifaria no es una política estructural, sino una excepción negociada caso por caso. Mientras no exista una revisión nacional del esquema tarifario que considere el cambio climático, el crecimiento urbano y el consumo real, los beneficios seguirán llegando de manera fragmentada.
En términos políticos, el anuncio permite al Gobierno estatal mostrar voluntad y gestión, pero también confirma que el margen de decisión local es limitado frente a un sistema energético centralizado. Para los hogares beneficiados, el ahorro será inmediato; para el resto del estado, la reclasificación sigue siendo una promesa en proceso, sujeta a mediciones, dictámenes y acuerdos federales.
La reclasificación avanza, pero el debate de fondo permanece: ¿por qué en uno de los estados con mayores temperaturas y producción energética del país, el acceso a tarifas justas sigue siendo una negociación y no un derecho reconocido?