En un escenario nacional donde la justicia enfrenta rezagos estructurales, saturación de juzgados y desconfianza ciudadana, el Poder Judicial de Tamaulipas decidió no limitarse al cumplimiento formal de una ley: optó por marcar liderazgo.
Al convertirse en el primer estado del país en cumplir de manera integral con las acreditaciones previstas en la Ley General de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias y los Lineamientos del Consejo Nacional, Tamaulipas envía un mensaje claro al resto del país: la transformación de la justicia no pasa únicamente por reformas constitucionales, sino por decisiones institucionales firmes.
El logro fue reconocido durante la Ceremonia de Entrega de Certificados de Persona Facilitadora Pública, realizada en el Auditorio del Poder Judicial, donde se certificó al personal del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos que acreditó el proceso de evaluación 2025. Más allá del acto protocolario, el evento simbolizó la consolidación de una política judicial orientada a la resolución pacífica de conflictos.
La Magistrada Presidenta, Tania Contreras López, dejó clara la postura institucional: la justicia alternativa no es un accesorio del sistema tradicional, sino una herramienta central para garantizar el acceso efectivo a la justicia. Mediación, conciliación y diálogo dejan de ser conceptos aspiracionales para convertirse en ejes operativos del nuevo modelo judicial en Tamaulipas.
La presencia de las y los magistrados de los tres órganos que integran el Poder Judicial reforzó el mensaje de unidad y rumbo común. En tiempos donde otros poderes judiciales enfrentan tensiones internas o cuestionamientos externos, Tamaulipas apuesta por la cohesión institucional como condición para la transformación.
El proceso de certificación no fue menor: más de 220 horas de formación especializada, con énfasis en justicia restaurativa, negociación colaborativa y evaluaciones teóricas y prácticas aplicadas por especialistas nacionales e internacionales. Esto no solo acredita personal, sino que construye capacidad real para despresurizar juzgados y ofrecer soluciones más rápidas y humanas a la ciudadanía.
En términos políticos, el avance coloca al Poder Judicial de Tamaulipas un paso adelante en el debate nacional sobre la reforma judicial. Mientras la discusión pública se centra en estructuras y nombramientos, aquí se apuesta por resultados: menos litigio, más acuerdos; menos confrontación, más paz social.
Con esta decisión, el Poder Judicial tamaulipeco no solo cumple la ley: define una visión, pone a la persona en el centro y asume que la justicia del futuro no se impone, se construye.