El Congreso del Estado de Tamaulipas aprobó los dictámenes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado sobre 300 cuentas públicas de los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2023.
A primera vista, el discurso oficial habla de transparencia, cumplimiento técnico y ejercicio responsable de los recursos. Pero un vistazo más cercano a los números revela otra historia: la de un sistema de fiscalización que se queda en la superficie.
Del total de cuentas revisadas, 159 no cumplieron, es decir, más del 53% del total. En 2021, el rezago fue casi absoluto: de 15 cuentas revisadas, 13 resultaron irregulares. Para 2022 y 2023, aunque la proporción mejora ligeramente, casi la mitad de los entes fiscalizados no cumplieron con la ley.
Aun así, el diputado Elifa Gómez, presidente de la Comisión de Vigilancia, afirmó que la revisión constituye un ejercicio institucional y transparente. Una afirmación que, cuando se contrasta con las cifras, genera más preguntas que certezas: ¿qué consecuencias enfrentan los responsables de estos incumplimientos? ¿Se reintegraron recursos? ¿Hubo sanciones administrativas o penales? La rendición de cuentas, parece, se limita a un acto formal de aprobación de dictámenes.
En paralelo, el Congreso aprobó 30 leyes de ingresos municipales, todas sin incrementos en impuestos, tasas o cuotas, reforzando la narrativa de protección al bolsillo de las familias.
Sin embargo, esta estabilidad fiscal también revela inercia presupuestal: los municipios seguirán operando con los mismos esquemas de recaudación, sin que haya diagnósticos claros sobre suficiencia financiera ni estrategias para optimizar recursos y fortalecer los servicios públicos.
El contraste es evidente: mientras el discurso legislativo enfatiza responsabilidad y técnica, la realidad muestra un sistema donde la mayoría de las cuentas presentan irregularidades, pero los procesos no generan consecuencias claras; donde se garantiza estabilidad fiscal, pero no se discuten mejoras estructurales.
Tamaulipas enfrenta así un dilema recurrente: cumplir con la forma sin atender la sustancia. La rendición de cuentas se convierte en un trámite más que en un instrumento para garantizar transparencia y eficiencia en el uso del dinero público. Y mientras las cifras no cambien, la percepción de impunidad y la desconfianza ciudadana seguirán siendo una constante.
Porque en la política fiscal y administrativa, los números no mienten; el reto está en traducir la revisión formal en resultados reales para la ciudadanía.