Ciudad Victoria, Tam.— La revisión de las Leyes de Ingresos 2026 volvió a exhibir un problema recurrente en los municipios de Tamaulipas: proponer cobros que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya ha declarado inconstitucionales. Así lo advirtió el diputado Isidro Vargas Fernández, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso local, al señalar que varios ayuntamientos insisten en incluir conceptos que invaden competencias federales o estatales.
Vargas Fernández señaló que, durante el análisis, se detectaron propuestas que buscan gravar actividades vinculadas a hidrocarburos, energía, medio ambiente federal, telecomunicaciones y hasta protección civil en ámbitos que no corresponden a los municipios. También mencionó intentos de cobrar permisos de alcohol para eventos privados sin venta de boletos, lo cual contraviene criterios de la Corte al restringir injustificadamente la libertad de reunión.
El legislador aseguró que la política definida por las comisiones de Finanzas y Asuntos Municipales es clara: no habrá impuestos nuevos ni aumentos más allá de la inflación, pero sí ajustes menores que los ayuntamientos consideren necesarios en derechos específicos. Aun así, recalcó que el Congreso no aprobará ningún concepto que viole la Constitución o invada competencias federales.
De las 43 leyes de ingresos municipales, 30 no presentan cambios, mientras que 13 ayuntamientos propusieron modificaciones que motivaron siete reuniones de trabajo con sus tesorerías. Este día se concluiría la revisión con Tampico, Ciudad Madero y Matamoros, y con los otros seis municipios se establecerá comunicación para afinar detalles que no son considerados de mayor impacto.
El problema, explicó Vargas Fernández, radica en que algunos municipios “están proponiendo conceptos nuevos que contravienen resoluciones de la Suprema Corte”, motivo por el cual serán desechados. “Si hay ajustes en derechos, serán hasta el monto de la inflación. Y no vamos a aprobar aquellos cobros que la Corte ha señalado como indebidos por ser de competencia federal o estatal”, afirmó.
El análisis revela, una vez más, una tensión constante entre las necesidades recaudatorias de los municipios y los límites legales establecidos por la SCJN. Mientras que los ayuntamientos buscan aumentar ingresos en un contexto de finanzas presionadas, la Corte ha cerrado la puerta a cobros improvisados o invasivos que los municipios han intentado justificar bajo el argumento de fortalecer su hacienda pública.
La discusión de las Leyes de Ingresos 2026 será una prueba para determinar si los ayuntamientos ajustan finalmente sus prácticas al marco constitucional o si continúan apostando por conceptos que, año tras año, terminan siendo rechazados por el Congreso o tumbados en tribunales.