Las declaraciones de Ivette Salazar Márquez, secretaria ejecutiva del SIPINNA en Tamaulipas, dejan ver una realidad incómoda: aunque el Estado presume espacios de participación para niñas, niños y adolescentes —como el Consejo Consultivo “Opina”—, las problemáticas que ellos mismos reportan siguen siendo las mismas de hace años, y las instituciones continúan dependiendo más de esfuerzos externos que de una política pública sólida y presupuestada.
Salazar explica que las necesidades de la niñez varían según la región:
En la frontera, los menores piden lo más básico: espacios seguros para jugar, sitios donde puedan pasar la tarde sin miedo y sin requerir supervisión permanente ante un contexto marcado por riesgos comunitarios.
En el sur, la preocupación dominante es el acoso escolar y el maltrato infantil, un problema que, lejos de disminuir, se multiplica en el entorno escolar y casi siempre ocurre “entre pares”, es decir, entre los mismos estudiantes.
En la zona centro, las denuncias giran en torno a la discriminación y falta de inclusión en las escuelas, lo que evidencia que la convivencia escolar aún está lejos de ser un entorno seguro para todos.
Aunque SIPINNA afirma realizar jornadas de sensibilización para atender estos casos —en conjunto con dependencias como la FESC, Procuraduría y el Secretariado Ejecutivo—, queda claro que la respuesta institucional sigue siendo reactiva, fragmentada y, sobre todo, limitada.
La secretaria reconoce un punto crítico: SIPINNA no tiene presupuesto propio.
Las ludotecas, bebétecas y espacios de apoyo en albergues migrantes o municipios no existen gracias al gobierno estatal, sino por aportaciones de organismos internacionales como ACNUR, UNICEF, OIM y organizaciones civiles.
Este dato expone un problema estructural:
La política de protección a la infancia en Tamaulipas depende más de la voluntad de terceros que de una inversión pública real y sostenida.
Es una señal de alerta en un estado donde las problemáticas que expresan los propios niños —violencia escolar, inseguridad comunitaria, discriminación, falta de espacios dignos— requieren atención urgente, profesionalizada y permanente.
Sobre las sanciones cuando adolescentes incurren en hechos de violencia —como riñas o lesiones—, la funcionaria reconoce que existen consecuencias previstas por la Ley de Justicia para Adolescentes, pero no precisa tipificaciones ni sanciones puntuales.
Esto deja al descubierto otro vacío: la falta de claridad y difusión de los mecanismos de responsabilidad penal y restaurativa en jóvenes, clave para frenar ciclos de violencia escolar.
Aunque Tamaulipas instala consejos y mesas de participación para escuchar a niñas y niños, el propio aparato institucional demuestra estar limitado para responder a sus demandas con políticas sostenibles y recursos suficientes.
El discurso de escucha y participación contrasta con:
-
la ausencia de presupuesto;
-
el rezago en infraestructura segura para la niñez;
-
la persistencia del acoso escolar;
-
la falta de mecanismos preventivos fuertes;
-
y la dependencia de la cooperación internacional para proyectos básicos.
En conclusión, las declaraciones de SIPINNA dejan claro que la niñez tamaulipeca sabe perfectamente qué necesita.
El problema no está en diagnosticarlos; está en la falta de una política pública estatal sólida que convierta esas voces en acciones reales, permanentes y con financiamiento propio.