El presidente de la Comisión de Salud del Congreso de Tamaulipas, Víctor Manuel García Fuentes, aseguró que el presunto desfalco de 344 millones de pesos cometido en la Secretaría de Salud durante 2017 y 2018 —en el sexenio de Francisco García Cabeza de Vaca deberá llegar “hasta las últimas consecuencias”. Sin embargo, sus declaraciones también evidencian que el proceso avanza con lentitud, con información “parcial” y dependiente de distintas instancias fiscalizadoras.
El legislador recordó que, tras las denuncias presentadas por el área jurídica de la Secretaría de Salud, la Comisión Especial creada para este caso solicitó a la Auditoría Superior del Estado (ASE) una revisión exhaustiva. El auditor Francisco Noriega apenas ha reconocido irregularidades por 4 millones de pesos, correspondientes a su ámbito estatal, mientras que el grueso del presunto desvío involucra fondos federales.
“Estamos en espera… la información que se entregó fue parcial. En la próxima reunión de la Comisión Especial revisaremos este crimen de malversación”, declaró el diputado.
La ASE no alcanza; el faltante mayor es federal
Aunque García Fuentes reconoce que la mayor parte del dinero desviado corresponde a recursos federales presuntamente triangulados a través de contratos irregulares con dos empresas, insiste en “esperar” los resultados de la ASE, pese a que dicho órgano no tiene competencia plena para fiscalizar fondos federales.
El propio legislador evitó adelantar si se solicitará formalmente la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dejando en el aire uno de los puntos clave para esclarecer un desfalco que, por monto y naturaleza, rebasa por completo la capacidad de fiscalización local.
Un sistema de salud colapsado en el sexenio cabecista
García Fuentes fue contundente al señalar que el presunto desfalco no fue un hecho aislado, sino parte de un deterioro sistémico en el periodo 2016–2022.
“Sé perfectamente que en el sexenio pasado se cayó el sistema de salud tamaulipeco… no solo medicamentos o material de curación: programas, actitud y profesionalismo del liderazgo”, afirmó.
El diputado recordó la caída del sistema estatal de vacunación, el abandono de los programas de atención a la mujer y al adulto mayor, así como el debilitamiento de las estrategias contra enfermedades transmitidas por vector, entre otros retrocesos que han sido documentados por organismos federales.
Aunque García Fuentes promete llegar “hasta las últimas consecuencias”, la investigación sigue atrapada entre:
-
La falta de información completa de la ASE
-
La ausencia de intervención formal de la ASF, pese a tratarse de fondos federales
-
El tiempo político, que presiona pero no acelera
El diputado apunta correctamente al colapso histórico del sistema de salud en el sexenio cabecista, pero la claridad del diagnóstico contrasta con la timidez procesal: sin la ASF, sin acceso a los contratos completos y sin dictámenes federales, los 344 millones siguen siendo un señalamiento más que un expediente sólido.
En otras palabras: el discurso está listo. Lo que falta son las decisiones que hagan avanzar la responsabilidad administrativa y penal.