El inicio de la zafra en la región cañera de Tamaulipas debió ser una fecha de entusiasmo económico. Sin embargo, el mensaje del diputado local Vicente Verástegui Ostos dejó ver que el arranque llega acompañado de incertidumbre: “Ojalá y Dios quiera dejen trabajar al sector cañero”. No es una frase casual. Es un diagnóstico político y social que revela el clima que hoy rodea a uno de los motores económicos más importantes del sur de Tamaulipas.
La zafra no solo mueve caña: mueve a El Mante, Xicoténcatl, González, Gómez Farías y parte de Llera. Activa jornaleros, transportistas, cortadores, pequeños propietarios y proveedores. Inyecta circulante en las comunidades cuando más se necesita: al cierre del año.
Pero esta vez, el sector inicia su ciclo mirando por encima del hombro, consciente de que la inseguridad y las presiones externas pueden trastocar meses de trabajo.
Verástegui lo dijo sin adornos: hay Guardia Nacional, Ejército y Guardia Estatal. Sí. Pero en la realidad diaria del campo eso no garantiza tranquilidad. La frase “hay que andar con responsabilidad porque en todos lados hay delincuencia” es una admisión explícita de que las instituciones no están generando condiciones plenas para una actividad productiva tan delicada como la caña.
Al fondo de esta preocupación está también la inversión del Grupo Pantaleón, una empresa que en dos años ha logrado restablecer capacidades y confianza entre los productores. Verástegui defiende esa presencia empresarial no como amenaza, sino como un aliado que ha trabajado para mejorar rendimientos e ingresos. Pero incluso esa inversión puede verse vulnerable cuando el entorno de seguridad y las decisiones federales —como las importaciones de azúcar que golpearon la última zafra— terminan castigando la productividad local.
En Xicoténcatl, por ejemplo, 2,000 productores dependen del ingenio: 450 pequeños propietarios y 1,600 del sector social, el mismo que el diputado representa. Es decir, miles de familias cuyo ingreso anual está prácticamente definido por lo que ocurra en estos meses.
Por eso la advertencia de Verástegui no debe minimizarse.
No es retórica, es una alerta:
Si no se garantiza seguridad, coordinación institucional y reglas claras, la zafra no solo se frena: se hunde la economía de toda una región.
Tamaulipas no puede darse el lujo de que la caña quede atrapada entre la delincuencia, la desatención del gobierno federal y las distorsiones del mercado.
Los cañeros no están pidiendo privilegios: están exigiendo lo básico.
Lo que debería ser un arranque de esperanza empieza con una súplica.
Y cuando un diputado tiene que pedir públicamente que “los dejen trabajar”, el problema ya dejó de ser agrícola. Es político. Es estructural. Es urgente.
