Las declaraciones del titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Willy Zúñiga Castillo, volvieron a exhibir un problema recurrente en Tamaulipas: la inseguridad se intenta explicar a partir de estadísticas incompletas, cifras aproximadas y diagnósticos que no terminan de cerrar.
Durante su encuentro con medios, Zúñiga habló de decomisos, detenciones, participación de menores en delitos, aseguramiento de armas y coordinación institucional. Sin embargo, lo hizo con un nivel de indefinición que deja más preguntas que certezas.
El funcionario señaló que hasta octubre podrían haberse registrado entre 200 y 400 detenciones —un margen demasiado amplio como para sostener una política pública— y que aún están “recolectando los datos finales”.
En un estado que históricamente enfrenta estructuras criminales complejas, hablar en estimaciones tan volátiles refleja lo que sucede dentro de las instituciones:
no hay un control preciso ni un análisis consolidado del fenómeno delictivo.
Zúñiga destacó un salto de 24 armas aseguradas en 2024 a más de 200 este año.
El incremento es notable, pero el propio funcionario admite que será la Fiscalía la que determine a quién pertenecen y de dónde salieron. La falta de trazabilidad vuelve a dejar un hueco: decomisar armas es relevante, pero no basta si no se identifica la cadena de abastecimiento, financiamiento y control territorial.
El titular reconoció que, aunque son “pocos casos”, la participación de menores de edad en delitos federales es una realidad.
Pero al mismo tiempo evadió explicar cómo están siendo reclutados, quién opera esos mecanismos y qué políticas preventivas existen. Llamó a “un análisis legislativo”, pero no planteó una ruta concreta.
La contradicción es evidente:
si el fenómeno existe, aunque sea mínimo, requiere diagnóstico inmediato, no una invitación general al Congreso.
Según Zúñiga, los ataques contra elementos de seguridad disminuyeron en comparación con años anteriores. Sin embargo, no ofreció cifras, comparativos regionales, ni contexto operativo.
Decir que “no ha habido bajas” es positivo, pero sin datos públicos, verificables y abiertos, la afirmación queda en el terreno de la narrativa.
El funcionario atribuyó la reducción de agresiones a una mayor capacitación y profesionalización de las fuerzas de seguridad. También reconoció una mejor coordinación interinstitucional.
En papel es correcto; en la práctica, falta explicar:
-
¿Qué modelo de capacitación se usa?
-
¿Qué competencias se fortalecen?
-
¿Qué indicadores muestran su efectividad?
La profesionalización no se presume: se demuestra con datos y resultados específicos, algo ausente en la exposición.
En suma, las declaraciones del Secretariado Ejecutivo dejaron un mensaje incómodo:
Tamaulipas avanza, sí, pero con diagnósticos incompletos y cifras que no terminan de cuadro una realidad compleja.
Mientras no exista un sistema de información, público y verificable; mientras las cifras sigan siendo aproximaciones; mientras el Estado no explique claramente cómo opera, recluta y combata la delincuencia organizada, la conversación seguirá atrapada en la superficialidad.
Tamaulipas necesita menos declaraciones y más datos.
Menos aproximaciones y más planificación.
Menos estimados y más Estado.