En Tamaulipas, pocas quejas ciudadanas han sido tan constantes —y tan ignoradas— como los abusos de las grúas.
Durante años, el remolque exprés, el cobro arbitrario y la complicidad entre empresas concesionarias y autoridades municipales formaron un pequeño pero rentable ecosistema de corrupción cotidiana: el ciudadano estacionado “un minuto”, el conductor que llegaba justo cuando se enganchaba su auto, la tarifa que superaba un salario mensual.
Y siempre la misma historia: “pásele al corralón”.
Por eso no sorprende que la reciente reforma aprobada por el Congreso, impulsada por la diputada Magaly Deándar Robinson, haya tocado una fibra especialmente sensible.
No solo elimina el cobro obligatorio de arrastre cuando no existe una falta administrativa o delito; también cierra la puerta a la popular práctica de desaparecer autos aun cuando el conductor está en el lugar. Una decisión simple, lógica… y que sin embargo tardó años en llegar.
Pero la pregunta es inevitable: ¿por qué hasta ahora?
La respuesta está en esa zona gris donde suelen incubarse los vicios del poder local.
El negocio de las grúas se convirtió, en muchos municipios, en una caja chica operada desde concesiones opacas, tarifas infladas y la complacencia del funcionario que mira hacia otro lado. Desmontar ese modelo implica tocar intereses. Y tocar intereses genera resistencia. De ahí que cualquier intento previo terminara archivado, congelado o diluido en el camino legislativo.
La reforma, aprobada por unanimidad, obliga a reconocer que el problema se volvió políticamente insostenible.
Y también abre otro debate: la necesidad de que los ayuntamientos cuenten con grúas y patios propios, para romper definitivamente con los intermediarios que han lucrado a costa de las familias. No es un asunto menor: mientras exista la figura del concesionario, el incentivo económico seguirá ahí.
El riesgo, sin embargo, es pensar que la reforma por sí sola resolverá el abuso. Sin supervisión, sin sanciones claras y sin voluntad política municipal, la ley puede convertirse en una promesa más en una larga lista de expectativas incumplidas.
La propia diputada lo adelantó: el ciudadano también deberá aprender a respetar normas. Pero la primera responsabilidad recae en la autoridad, que ha sido —con frecuencia— la primera en fallar.
Hoy la pelota está del lado de los municipios. La ley ya cambió.
Falta ver si cambiarán también las prácticas.
Porque en Tamaulipas la ciudadanía está cansada de pagar los excesos… y de que nadie rinda cuentas.