La diputada priista Mercedes del Carmen Guillén Vicente ha hecho oficial lo que desde hace días se rumoraba: quiere ser la próxima fiscal general de Justicia de Tamaulipas. Y lo dice convencida de que habrá “cancha pareja”, confiada en que el proceso será tan transparente que incluso alguien “sin nada que ver con Morena” —como ella misma subraya— podría encabezar la institución que debe investigar delitos, perseguir la corrupción y garantizar justicia en un estado donde esa palabra aún parece promesa.
Pero más allá de su entusiasmo, la postulación de Guillén Vicente obliga a revisar el pasado que la acompaña. No es un detalle menor que haya sido procuradora en el sexenio de Tomás Yarrington Ruvalcaba, hoy recluido en el Altiplano por acusaciones que marcaron una época oscura para Tamaulipas. Ese es el antecedente del cual hoy pretende despegar una aspiración que, por sí misma, ya despierta sospechas y resistencias.
Guillén asegura que ahora sí podrá competir gracias a una modificación legal que antes impedía que legisladores buscaran la Fiscalía. Dice que tiene credenciales, que su perfil puede competir, que la reforma a la ley abre espacio a todos. Pero lo que no dice es lo que preocupa al público:
¿puede encabezar la Fiscalía alguien cuya trayectoria está inevitablemente ligada a uno de los momentos más controvertidos de la procuración de justicia en Tamaulipas?
En su discurso, señala que pretende una reforma “completa” en seguridad y justicia: desde policías y tránsitos hasta integración de expedientes. Y aprovecha para criticar a Morena por haber reformado primero al Poder Judicial sin tocar la Fiscalía. No le falta razón en la crítica técnica; lo que falta es explicar por qué, cuando ella sí encabezó una procuraduría, esa integración de expedientes tampoco resolvió la crisis que hoy se arrastra.
Porque una cosa es hablar de reformas profundas y otra muy distinta es haberlas ejecutado.
Guillén dice tener fe en que “ganará el mejor perfil”, que no hay dados cargados, que no sabe quién más se registrará. Pero su sola presencia en la contienda abre el debate de fondo:
¿debe la Fiscalía de Tamaulipas volver a manos de figuras provenientes del viejo régimen priista, marcado por complicidades y estructuras que aún hoy se intentan desmontar?
Decir que habrá “cancha pareja” es fácil; lo difícil será convencer a la sociedad de que este proceso no incluye un intento silencioso de recomponer viejos equilibrios.
El reto de la 66 Legislatura será demostrar que la autonomía no es discurso y que la Fiscalía no regresará a los tiempos en que la justicia se manejaba con criterios políticos y lealtades partidistas.
Por ahora, Mercedes Guillén ha levantado la mano.
Lo que falta saber es si Tamaulipas está dispuesto a que esa mano vuelva a sostener la justicia.