Por años, el contrabando de combustibles ha sido una llaga abierta en la frontera norte. Tamaulipas lo sabe: cada litro que cruza sin control es dinero que no entra a las finanzas públicas, combustible que alimenta economías paralelas y una cadena de corrupción que históricamente ha conectado operadores privados, funcionarios aduanales y redes criminales. En ese contexto, el endurecimiento de los controles en las aduanas no es solo un anuncio técnico; es un mensaje político.
La diputada federal Blanca Narro Panameño celebró las nuevas medidas de revisión impulsadas por la Federación. Y tiene razón en un punto central: ninguna estrategia de seguridad o de estabilización fiscal será eficaz si las aduanas continúan siendo territorios donde cada quien interpreta la ley a conveniencia. Los cruces fronterizos del país, particularmente en Tamaulipas, son nodos estratégicos no solo para la economía legal, sino para el mercado negro de hidrocarburos que opera desde hace décadas con sorprendente sofisticación.
La reciente reforma a la Ley Aduanera, aprobada por la Cámara de Diputados, busca precisamente esto: meter orden en la relación entre autoridades y agentes privados, cerrar válvulas de discrecionalidad y permitir un seguimiento más riguroso de mercancías sensibles como el combustible. Se trata de un ajuste técnico que, en el fondo, expone una verdad incómoda: las aduanas mexicanas han sido por años una de las mayores áreas de vulnerabilidad del Estado.
El “huachicol fiscal”, a diferencia del robo directo a ductos, crece en las grietas administrativas: facturas manipuladas, importaciones subvaluadas, operaciones simuladas y un sistema de revisión que durante mucho tiempo ha sido incapaz —o renuente— a ver lo evidente. El reforzamiento de operativos federales en el noreste, incluido Tamaulipas, es un reconocimiento tácito de ese rezago.
Pero aquí viene la pregunta clave: ¿basta con endurecer controles? La respuesta es no. Las medidas son necesarias, pero sin un sistema de supervisión independiente, sin un modelo más transparente de operación logística y sin voluntad de romper las redes internas de corrupción, la aduana seguirá siendo una oficina donde se decide más poder que en muchas secretarías.
Tamaulipas es una frontera que no permite simulaciones. El Estado necesita aduanas limpias, autoridades capaces y política pública con dientes. Celebrar los controles es correcto; exigir que no se queden en un boletín es indispensable.
Porque si algo ha demostrado la historia reciente es que el comercio exterior no solo se mide en cifras: también se mide en la capacidad del Estado para que cada litro, cada carga y cada cruce sea legal, seguro y transparente.