En pleno aniversario de la Guardia Estatal y en una tensa intervención en la conferencia mañanera con el alcalde Armando Martínez Manríquez, habitantes del municipio advirtieron que, ante lo que describieron como abusos cometidos por elementos de la Guardia Estatal, podrían “actuar como pueblo” y someter por la fuerza a policías implicados, en una frase que evoca episodios de justicia por mano propia registrados en otras entidades.
“Nos están induciendo a que hagamos lo mismo que en la tierra de Tabasco: tomar a los policías cuando hacen algo ilícito… desarmarlos, amarrarlos y tomar cartas en el asunto”, dijo en público Marina Cabriales, madre de uno de los jóvenes afectados mientras el tono en la reunión viraba entre el dolor y la furia. Otros participantes relataron que, tras un episodio reciente, “se metieron los oficiales incluso a patios de domicilios, cosas que no deben de hacer”, denunciaron.
Las expresiones ciudadanas llegan en un contexto de profunda desconfianza: según los manifestantes, la respuesta institucional ha sido insuficiente y las vías de denuncia no han mostrado resultados visibles, por lo que —afirman— la rabia colectiva crece y empuja a la comunidad a considerar fórmulas fuera del marco jurídico.
La amenaza de “tomar justicia” en las calles implica un riesgo directo a la gobernabilidad local y al Estado de derecho. Aunque la protesta revela un problema real —presuntos excesos o violaciones por parte de autoridades de seguridad—, la reacción propuesta por algunos vecinos trasladaría el conflicto a un terreno peligroso: confrontación armada, linchamientos o detenciones arbitrarias, con consecuencias legales y humanitarias graves.
El episodio debería leerse en dos capas: por un lado, la queja legítima de ciudadanos que se sienten vulnerados y sin respuesta; por otro, la deriva hacia formas de violencia que reproducen el mismo ciclo de victimización que dicen denunciar. La línea entre protesta y delito es delgada, y las autoridades locales tienen la responsabilidad urgente de revertir la espiral.
Los vecinos afectados piden con transparencia abrir una investigación independiente e imparcial sobre los hechos denunciados, con participación de órganos de derechos humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Explicar a la comunidad, con plazos y resultados, las acciones que se están tomando para sancionar a quien resulte responsable, garantizar la seguridad de los vecindarios sin recurrir a medidas que revictimiza ni a la misma fuerza que se denuncia.
Mientras tanto, la recomendación es clara: la búsqueda de justicia por mano propia solo empeora la crisis y expone a la comunidad a riesgos mayores. La solución pasa por fortalecer la respuesta institucional y la rendición de cuentas.