La advertencia lanzada por el presidente de la Coparmex Victoria, Fidel Gallardo Aguilar, toca una fibra sensible del debate nacional sobre la Reforma Electoral 2025: ¿qué pasaría si se elimina el financiamiento público a los partidos políticos? La respuesta no es sencilla, pero sí urgente: se abriría la puerta de par en par al dinero ilícito en las campañas, y con ello, a la captura del poder político por intereses criminales o económicos oscuros.
Gallardo Aguilar lo expresó con cautela, pero con razón: no podemos afirmar que actualmente las campañas estén limpias, pero tampoco que estén exentas de financiamiento ilegal. Esa ambigüedad es, de por sí, alarmante. Si en un sistema con subsidio público ya existen sospechas o vacíos de control, ¿qué podría ocurrir en un escenario donde los partidos deban financiarse exclusivamente por aportaciones privadas?
El financiamiento público, aunque imperfecto, ha sido un dique frente al dinero sucio. Sustituirlo por la supuesta “autonomía económica” de los partidos equivaldría a privatizar la política: convertir la competencia democrática en un mercado donde solo los más ricos —o los mejor conectados con el crimen— puedan participar.
La Coparmex, al participar en los foros sobre la Reforma Electoral, aporta una voz empresarial que reclama vigilancia y legalidad. Sin embargo, el desafío no se limita a la supervisión: implica una decisión ética de Estado. Si el dinero compra influencia, y la influencia compra poder, entonces la democracia se reduce a una subasta.
Reducir el gasto público en política puede sonar atractivo en un país fatigado por los excesos partidistas, pero el costo de desmantelar las garantías mínimas de equidad puede ser infinitamente mayor.
Tamaulipas, con su historia reciente de infiltración criminal en la vida pública, no puede permitirse una democracia financiada desde la sombra.
La transparencia no es un lujo burocrático; es una condición de supervivencia institucional.