El Tribunal Electoral de Tamaulipas (TRIELTAM) se encuentra nuevamente en un punto muerto institucional. A pesar de que el Senado ya abrió la convocatoria para cubrir tres magistraturas, la inminente reforma político-electoral amenaza con frenar el proceso y dejar en el aire la integración del órgano encargado de arbitrar la justicia electoral en el estado.
El magistrado presidente René Osiris Sánchez Rivas reconoció que el reloj corre, pero no hay fecha cierta: el Senado tiene su propia agenda, saturada por temas nacionales e internacionales, y ahora también por el proyecto de reforma que busca reestructurar —o incluso absorber— a los tribunales electorales locales y a los OPLEs.
En los hechos, el Tribunal tamaulipeco opera con vacantes desde hace meses, lo que lo deja en una situación de fragilidad institucional justo en la antesala de un proceso electoral local. Si la reforma avanza sin claridad ni transición, el riesgo es que los tribunales locales queden como piezas prescindibles de un modelo centralizado.
El discurso de la modernización electoral se vuelve entonces un arma de doble filo: mientras promete eficiencia, amenaza con la parálisis. Y en ese limbo, los órganos electorales locales, como el TRIELTAM, quedan esperando que desde el centro del país se decida su destino.