La Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) encendió una señal de alarma que va mucho más allá del debate técnico. Su presidenta, Ana María Kudisch Castelló, expresó una “profunda preocupación” ante la posibilidad de que el nuevo Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reabra casos ya resueltos por las salas recientemente desaparecidas tras la reforma judicial.
Detrás del lenguaje prudente del comunicado, se esconde una advertencia contundente: revisar sentencias firmes equivale a erosionar el principio de cosa juzgada, uno de los pilares más antiguos y esenciales del Estado de Derecho. No se trata de una mera formalidad jurídica, sino de la base sobre la que descansa la seguridad jurídica y la confianza de los ciudadanos en que las decisiones judiciales —una vez concluidas— no pueden ser alteradas por razones políticas o coyunturales.
La Barra advierte que cualquier intento de modificar resoluciones definitivas vulneraría los principios de legalidad, división de poderes y debido proceso, y abriría una peligrosa puerta a la discrecionalidad. En otras palabras, la justicia dejaría de ser el último recurso confiable del ciudadano frente al poder, para convertirse en un instrumento más de negociación o revancha institucional.
El pronunciamiento de Kudisch Castelló es, además, un recordatorio oportuno para los nuevos integrantes del máximo tribunal: la legitimidad del Poder Judicial no se construye con obediencia política, sino con independencia y respeto a la Constitución. Si el principio de cosa juzgada se relativiza, todo el sistema de justicia se vuelve negociable.
En tiempos en que la reforma judicial promete un “nuevo modelo” de justicia, la advertencia de la Barra Mexicana tiene un peso ético y político ineludible. Revisar lo ya juzgado sería retroceder décadas en materia de certeza jurídica y minar el fundamento mismo del Estado de Derecho.
Preservar la cosa juzgada no es defender privilegios; es defender el límite del poder. Y ese límite, hoy, parece estar nuevamente en disputa.