El secretario de Desarrollo Rural de Tamaulipas, Antonio Varela Flores, confirmó que el estado no ha sido incluido todavía en los acuerdos nacionales que buscan dar respuesta a la crisis agrícola que ha detonado protestas en varias entidades del país.
En entrevista, el funcionario explicó que las negociaciones entre el Gobierno Federal y los productores se mantienen abiertas, aunque hasta el momento solo tres estados —Michoacán, Jalisco y Guanajuato— han firmado convenios para acceder al apoyo extraordinario de 950 pesos por tonelada de maíz, de los cuales 800 son aportados por la Federación y 150 por los gobiernos estatales.
“Las pláticas siguen. El chiste es dar la solución a la problemática que existe en nuestro agro”, señaló Varela Flores, quien evitó confirmar si Tamaulipas estaría en condiciones de asumir una aportación similar. “Nos sentamos en la mesa para ver qué es lo que hay que hacer”, puntualizó.
El funcionario subrayó que, aunque las negociaciones continúan, la situación de los productores tamaulipecos sigue siendo incierta, especialmente ante la falta de mecanismos que garanticen precios de garantía o compensaciones reales frente al ingreso de granos extranjeros.
“Tengo entendido que, por ejemplo, Sinaloa se paró de la mesa y estaban citando para la semana que entra. Creo que no van a bloquear los puentes como tal, pero sí manifestarse en las oficinas”, agregó el secretario, al referirse al clima de inconformidad que prevalece en el sector agrícola.
Mientras la Federación ofrece paliativos temporales y acuerdos focalizados, el campo tamaulipeco enfrenta los mismos problemas estructurales de los últimos años: abandono presupuestal, eliminación de programas productivos y una apertura comercial que deja en desventaja a los productores locales frente al grano importado.
En este contexto, las palabras de Varela Flores reflejan más una expectativa que una certeza. La promesa de “seguir en la mesa” se repite, pero los agricultores siguen esperando una señal concreta de apoyo que evite el colapso de uno de los sectores más castigados por la actual política agroalimentaria.