En el sur de Tamaulipas, la aplicación de la ley de tránsito parece tener dos velocidades. Mientras el operativo Moto Segura —activado el 22 de septiembre en Tampico— presume resultados “preventivos”, los vehículos introducidos ilegalmente al país siguen circulando libremente, sin placas, sin documentos y sin seguro.
A 40 días de iniciado, el balance del operativo contra motociclistas muestra cifras modestas: 385 unidades revisadas, apenas 10 por día, y 99 aseguradas por carecer de documentación o matrícula. En total, 14 filtros viales, con una duración promedio de una hora por jornada.
Aun así, basta recorrer las avenidas metropolitanas para constatar la persistencia del problema: motociclistas sin casco, sin placas y sin documentos que siguen moviéndose sin que las estadísticas reflejen un cambio sustancial.
La paradoja se agrava cuando se observa el otro extremo del espectro vehicular: los autos “chocolates”, muchos amparados por organizaciones supuestamente campesinas o sociales, que transitan con total impunidad. Nadie los detiene, a pesar de no estar inscritos en ningún padrón vehicular oficial ni contar con seguro.
El contraste es evidente y políticamente incómodo: los motociclistas son el blanco visible de la autoridad, mientras los propietarios de autos irregulares gozan de una tolerancia inexplicable. Aunque hay programa vigente de regularización y, sin embargo, el fenómeno crece sin control.
El mensaje que percibe la ciudadanía es claro: la ley se aplica solo a quien conviene y no a quien incumple, alimentando una percepción de impunidad que erosiona la credibilidad institucional.