La trata de personas, particularmente de menores de edad, sigue siendo una realidad difusa y poco documentada en Tamaulipas. Aunque el Congreso del Estado exhortó recientemente a la Fiscalía General de Justicia a informar sobre el fenómeno, la respuesta institucional revela más vacíos que certezas.
En entrevista, la directora del DIF Tamaulipas, Patricia Lara Ayala, reconoció que el organismo estatal no cuenta con cifras precisas ni registros sistematizados sobre el número de niñas, niños o adolescentes víctimas de explotación o abandono.
Su función, dijo, se limita a “brindar atención y asistencia inmediata” a través de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Familia, mientras los procesos legales recaen en la Fiscalía.
“Nosotros atendemos, respondemos y cuidamos por el bienestar de los menores hasta que puedan reintegrarse con su familia. Pero no hemos visto un incremento; trabajamos como normalmente opera el sistema”, señaló Lara Ayala.
La afirmación contrasta con los reportes de organismos civiles y las denuncias recurrentes sobre menores en situación de calle, migración irregular y trabajo forzado en la zona fronteriza.
Tamaulipas es, según datos federales y de la sociedad civil, uno de los corredores más vulnerables del país por su posición geográfica y la presencia de redes de tráfico de personas vinculadas al crimen organizado.
Pese a ello, la titular del DIF reconoció que no existen indicadores de alerta que activen protocolos preventivos:
“No ha habido un incremento que nos marque como un semáforo rojo o una alerta. Atendemos lo que regularmente atiende el sistema”, declaró.
Sin embargo, la falta de datos no equivale a la inexistencia del problema. Expertos consultados en temas de derechos de la niñez han advertido que la ausencia de registros oficiales, diagnósticos y seguimiento impide dimensionar la magnitud del fenómeno y diseñar políticas públicas efectivas.
Tamaulipas enfrenta una doble vulnerabilidad: la de los menores locales en situación de pobreza o abandono, y la de los niños migrantes no acompañados, que según la propia funcionaria, son atendidos “en centros especializados” cuando ingresan al país por la frontera norte.
El discurso institucional, que enfatiza la atención reactiva y no la prevención, deja entrever una insuficiencia estructural: un sistema de protección que actúa solo después del daño, y que no logra articularse con las fiscalías, las procuradurías municipales y las instancias federales para frenar la explotación infantil y la trata.
Mientras tanto, los menores siguen siendo los más expuestos en un estado donde confluyen pobreza, desplazamiento, violencia y migración.
El llamado del Congreso puede ser el punto de partida para mirar de frente un problema que, aunque oficialmente “no ha aumentado”, sigue creciendo en silencio.